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Junta de Resolución de Disputas (JRD) para evitar arbitrajes deshonestos [opinión]

Junta de Resolución de Disputas (JRD) para evitar arbitrajes deshonestos

Por Gilberto Anticona

Luego de la decisión del Poder Judicial de sancionar a 16 abogados coimeros, 14 de ellos con prisión preventiva por el caso arbitrajes en favor de Odebrecht en que el Estado peruano perdió poco más de 200 millones de dólares en sobrecostos, quizás sea el momento de masificar las Juntas de Resolución de Disputas (JRD) como un modelo para agilizar la ejecución de obras a nivel nacional.

Actualmente, según información pública, existen unas 900 obras paralizadas a nivel nacional que suman una inversión de 16 mil millones de soles; es decir, no se puede culminar la construcción de servicios de agua y electricidad, postas, colegios, centros de salud, carreteras, etc., por desacuerdos entre las partes.

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones, la JRD es “un medio para solución de controversias que surjan entre las partes” desde el inicio del plazo para ejecutar una obra, hasta la recepción al culminar esta, siempre y cuando se trate de montos mayores a 20 millones de soles.

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 Posiciones

Existen pocas JRD en el país. Dos funcionan en Lima, una en Trujillo y otra se instalará en Piura a partir del 2020, según ha informado recientemente el Colegio de Ingenieros de dicha región.

En opinión de los que conocen el tema, el mecanismo de resolución de controversias con intervención de las JRD es más eficaz que el arbitraje. A nivel internacional, las decisiones de las JRD son aceptadas en un 98% y solo el 1% se lleva al arbitraje, lo que implica que las obras no se paralizan y continúan hasta su culminación.

De otro lado, entre quienes sostienen que las JRD son más viables, dicen que sus fallos son más técnicos, menos onerosos, a diferencia de los arbitrajes que son más caros y sus resoluciones son muchas veces cuestionables y venales como el que comentamos líneas arriba con el caso Odebrecht.

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 Otros argumentos

Por otra parte, también se cuestiona el hecho de que el arbitraje de las controversias sean llevadas a cabo solo por abogados y no se incluya ni ingenieros ni arquitectos, en un mecanismo tardío, puesto que no se efectúa durante el proceso de realización de las obras.

Es por esto que no ha caído nada mal la idea de que, a fin de evitar que continúen las paralizaciones de obras a nivel nacional y lleguen a arbitrajes, tanto el MEF como la Contraloría actúen en conjunto, a fin de impulsar el mecanismo de las JRD como medio de solución de controversias, de manera tal que las obras se ejecuten con la mayor celeridad posible en beneficio de los diversos pueblos e instituciones del Perú que los necesiten.

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