El jueves 26 de diciembre, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori Higuchi, a fin de determinar si los nuevos elementos de convicción revisten gravedad y si ello incrementaría el riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia.
De acuerdo al cálculo del Ministerio Público publicado por El Comercio, con los nuevos elementos de convicción y las condiciones en las que se desarrolló la investigación en el último año, Keiko Fujimori estaría destinada a cumplir una pena de 24 años y 10 años de cárcel.
La pena sería por los delitos imputados (lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo).
Según la fiscalía, el cálculo de la posible sanción se debe a que las imputaciones darían cuenta de que los hechos se cometieron bajo el “concurso real de delitos”; por tanto, se tendría que sumar cada una de las sanciones a imponerse.
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Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, consideró este requerimiento como un abuso de parte de la fiscalía. “No hay ningún elemento de convicción que valide que ella pueda volver a prisión, de hecho acaba de salir [de la cárcel], ha estado 13 meses privada de su libertad”, indicó.
Nuevos y graves elementos
Para el fiscal Pérez, el delito de lavado de activos cometido por Keiko Fujimori se ha fortalecido con las declaraciones de colaboradores eficaces, testigos y los mismos aportantes que recientemente han acudido a su despacho para esclarecer los hechos.
Para ello ha presentado una relación de 140 elementos de convicción nuevos como parte de la fundamentación del requerimiento de prisión preventiva.
La Fiscalía considera que toda la maquinaria y actos realizados por Keiko Fujimori y sus coinvestigados, para ocultar el ingreso del dinero ilícito y darle apariencia de legalidad, constituyen una asociación ilícita para delinquir.
Según la tesis fiscal, como toda organización criminal en ese caso se cuenta con una cúpula o dirigentes que son las personas encargadas de la dirección, coordinación y supervisión “de actividades criminales”.
La fiscalía ratificó que Fujimori habría recibido aportes de procedencia delictiva, los cuales, además, fueron ingresados subrepticiamente con aportes simulados, que fueron declarados en las campañas electorales del 2011 y 2016.
Que Fujimori Higuchi como integrante del núcleo duro de la organización criminal, al interior del partido Fuerza Popular (antes fuerza 2011) dispuso la figuración de “falsos aportantes” dentro de su información económica-financiera de ingresos obtenidos y de control de aporte de la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la oficina nacional de procesos electorales- Onpe.
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En ese caso, sostiene la fiscalía que la participación de la excandidata presidencial, en la figuración de aportes falsos, quedó corroborado con lo declarado por Yoshiyama Sasaki, quien sostuvo que “para la campaña presidencial del 2016, siendo ya amigo de Keiko Fujimori, ella me pide buscar falsos aportantes para el partido de Fuerza Popular, me manifiesta como lo hic en el año 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona Martínez para que ella le entregue dinero para ser depositado al partido fujimorista”
A ello, se le suma la declaración de Dionissio Romero Paoletti, quien según lo describe la fiscalía, dijo que conocía sobre los aportes fraudulentos al sostener que “mi familia decidió hacer un aporte a la agrupación Fuerza Popular por $450” y que Fujimori recibió personalmente el dinero “muy similar a la campaña del 2011; yo llevaba dinero en efectivo de mi oficina y le entregaba el dinero en maletín o en otras ocasiones en sobre manila o plástico”.
