El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no logró obtener la votación suficiente para lograr la reincorporación al Legislativo de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, parlamentarios suspendidos el 7 de junio de 2018 tras ser acusados de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Los votos de los parlamentarios fujimoristas, apristas y acciorepublicanos impidieron la aprobación de la Resolución Legislativa que proponía dejar en efecto la suspensión de los tres congresistas y dejaba sin efecto la designación de los accesitarios Angel Neyra Olaychea, César Milton Campos y María Candelaria Ramos Rosales.
Votaron a favor de la resolución 42 congresistas, 39 en contra y cuatro se abstuvieron.
Los tres parlamentarios fueron suspendidos el 7 de junio de 2018. Estas sanciones debían cumplirse mientras siguiese vigente el proceso penal en su contra por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Hasta la fecha se encuentran suspendidos por más de trescientos días de legislatura, a pesar de que en la sentencia recaída en el Expediente 0013-2009- PL/TC del Tribunal Constitucional, ‘una suspensión temporal deja de ser tal si se convierte en una suspensión que sujeta al tiempo puede durar el proceso judicial puede convertirse en una verdadera sanción.
Maritza García Jiménez, vocera de Cambio 21, explicó que la suspensión temporal de los referidos congresistas por el tiempo transcurrido, está resultando más severa que la máxima suspensión que contempla la Constitución Política como sanción para los congresistas, pues el texto en su artículo 95 establece que “Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones, no puede exceder de ciento veinte días de legislatura”.
El legislador Ángel Neyra Olaychea (FP), representante por Lima que reemplaza a Kenji Fujimori como su accesitario, anunció una denuncia constitucional contra el titular del Legislativo, Daniel Salaverry por poner en agenda la solicitud de Cambio 21 y calificó el hecho como una maniobra en plena campaña para la elección de la presidencia y Mesa Directiva del Congreso. La acusación contra los tres congresistas suspendidos no solo se trató de una falta ética, sino fue debido a infracción constitucional, sostuvo.
Salaverry Villa explicó que se limitó a poner en agenda una solicitud que lleva la firma de 58 legisladores que respaldan la moción de Cambio 21.
Para Mauricio Mulder (APRA) la discusión del tema es sólo reflejo de un cálculo electoral conveniente a Salaverry para obtener los tres votos que le darían a su reelección los tres legisladores repuestos en sus funciones. El legislador instó al presidente del Legislativo “a bajar al llano” y a no utilizar su cargo para fines personales.
El legislador Alberto Quintanilla Chacón (NP) sostuvo que suspender a un legislador más allá de los 120 días previstos era un acto inconstitucional y puso como ejemplo el caso del legislador Moisés Mamani quien está siendo procesado por el Poder Judicial y sin embargo continuó ejerciendo su labor legislativa. La elección de un congresista por decisión popular está por encima de cualquier consideración, afirmó.
