La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) aprobó, por unanimidad dar trámite a la denuncia constitucional presentada en contra de la congresista María Cordero Jon Tay, por presunta infracción constitucional y el delito de concusión.
De acuerdo a la denuncia, presentada por la legisladora Martha Moyano Delgado (FP), no existe ninguna justificación o excusa para la conducta de la denunciada y solicita que se le imponga como sanción la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer función pública hasta por diez años.
Los hechos de la acusación se refieren a la denuncia hecha por un extrabajador de la congresista Cordero Jon Tay, el pasado el 16 de abril del presente año, en el sentido de que sufrió recortes de su sueldo en un 50 %, en teoría, durante los primeros seis meses, pero que transcurrido ese tiempo los recortes continuaron e inclusive aumentaron.
De igual manera, se refiere a la existencia de un tercero que, según la denuncia, habría sido el intermediario para la realización del pacto. Además, durante la emisión del reportaje se difundieron audios donde la congresista Cordero Jon Tay da frases vinculados al caso y que confirmarían la denuncia.
Tanto el cumplimiento de los requisitos de la presentación de la denuncia como los fundamentos esgrimidos fueron considerados por los técnicos de la subcomisión como suficientes para dar lugar al trámite correspondiente.
En ese sentido, sin debate, fue aprobado admitir a trámite la denuncia por presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2 inciso 15, 22, 23, 38 y 45 de la Carta Magna; y la presunta comisión del delito de concusión, establecido en el artículo 382 del Código Penal.
Caso Orlando Velásquez
También fue aprobado dar trámite a la denuncia formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, contra el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ), Orlando Velásquez Benites, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias agravado.
Otros temas
En la trigésima tercera sesión, la subcomisión aprobó la improcedencia de la denuncia formulada por el congresista Guillermo Bermejo Rojas (CD-JP), contra la congresista María del Carmen Alva Prieto (AP), por presunta infracción constitucional y el delito de organización criminal, rebelión, conspiración para una rebelión, sedición o motín, usurpación y retención ilegal de mando.
Igual suerte corrió la propuesta que interpuso la ciudadana Betty Nelly Ordinola Camacho, contra la congresista Betssy Betzabeth Chávez Chino, en su condición de exministra de Cultura, por la presunta infracción constitucional.
Antes, Camones Soriano escuchó el pedido de algunos parlamentarios y decidió el retorno de la propuesta a la comisión para que se investigue mejor el caso de la denuncia del excongresista César Gonzales Tuanama, contra los expresidentes de la República, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y Martin Alberto Vizcarra Cornejo.
Así también contra Violeta Bermúdez Valdivia, Vicente Zeballos Salinas, Walter Martos Ruiz, Esther Elizabeth Astete Rodríguez, Allan Wagner Tizón; entre otros, por presunta infracción de la Constitución Política del Perú; y por incurrir en los presuntos delitos de genocidio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, encubrimiento y organización criminal en agravio del Estado.
Los congresistas Carlos Bustamante Donayre (FP), Milagros Jáuregui (RP), Esdras Medina Minaya (SP), José María Balcázar Zelada (PB) y Hernando Guerra García Campos (FP), se manifestaron en desacuerdo con la propuesta del equipo técnico que recomendaba su improcedencia debido a que los delitos de los que se les acusa no fueron probados, entre otros.
