El Gobierno, vía Resolución Suprema firmada por la presidente Dina Boluarte y refrendada por la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Pierina Lazarte Castillo, sacó este sábado de la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, (ATU), a María Esperanza Jara Risco.
Para el efecto, recurrió a un Decreto Supremo, el N° 007-2023-MTC, dictado el jueves, que introduce una serie de causales de vacancia o de remoción del cargo de miembro del Consejo Directivo y del(de la) Presidente(a) Ejecutivo(a), entre ellas, la pérdida de la confianza de la autoridad.
“Dar por concluida la designación de la señora María Esperanza Jara Risco como miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, propuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dándosele las gracias por los servicios prestados”, señala en su parte resolutiva la norma que retira del cargo a María Esperanza Jara Risco, funcionaria vinculada al sector Transportes desde el Gobierno Municipal de Susana Villarán.
María Jara en el último operativo como presidente de ATU (Foto: ATU)
El puesto de Jara Risco será ahora ocupado por José Aguilar Reátegui, de acuerdo al artículo primero de otra resolución suprema publicada en las normas legales del diario oficial El Peruano, que también lleva la firma de la presidente Dina Boluarte y el refrendo de la titular del MTC, Paola Pierina Lazarte Castillo.
Quién es José Aguilar Reátegui
Es el actual director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal.
El texto de su designación reza: “Designar al señor José Aguilar Reátegui, como miembro y presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, conforme a la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.
José Aguilar Reátegui es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en políticas públicas y regulación en servicios del Estado, con más de quince años de experiencia laboral en el sector público.
Tiene un magíster en Administración por la Universidad ESAN con especialización en Finanzas. Se ha desempeñado en cargos como director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC y director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC.
Además, ha trabajado como jefe de regulación del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
Asimismo, se desempeñó como servidor civil del Organismos Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). También se desempeña como docente de postgrado en diversas universidades.
Designación controversial
En las últimas horas la hoy expresidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, en un oficio enviado a la PCM expresó su preocupación por la aprobación del Decreto Supremo del último jueves que modifica el reglamento de organización y funciones de la entidad y que introduce la “pérdida de confianza” como causal de remoción de su cargo.
“La Ley de ATU se crea a partir de la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, allí se establece que los miembros del Consejo Directivo son designados por cinco años. Y ahora, por un Decreto Supremo se va por un costado de la puerta y se modifica la confianza. Se establece la causal de remoción por confianza. Los servidores públicos de ATU no son servidores de confianza, son servidores públicos con estabilidad y salida regulada”, señala el documento suscrito por María Jara.
Agrega que los cargos de miembros del Consejo Directivo del ATU son de designación regulada, cuyos requisitos para acceder, así como las causales de remoción se encuentran establecidas en el propio reglamento de la entidad.
“Causa extrañeza y preocupación que una entidad creada precisamente para desarrollar políticas en materia de transporte urbano desde una perspectiva técnica y con independencia a los momentos políticos que pueda presentarse en el gobierno, hoy pretenda ser reformulada a fin que los miembros del Consejo Directivo puedan estar sujetos a la decisión de la autoridad política de turno”, indica el documento.
Finaliza: “Queda claro que gestiones como esta debilitan la institucionalidad de las entidades públicas, así como deterioran la confianza de los ciudadanos en sus autoridades; es una mala señal para el mercado del sector transporte que necesita estabilidad para realizar las inversiones que se requieren”.
