La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) aprobó, por mayoría, declarar procedente la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, la misma que fue presentada por la excongresista Yeny Vilcatoma de La Cruz.
El informe técnico de calificación de la SCAC recomendó declarar procedente dicha acusación por infracción a la Constitución en su artículo 126. Puesto al voto, contó con la aprobación de 11 votos, uno en contra y una abstención.
De acuerdo a la denuncia y su ampliatoria, se atribuye a Vizcarra Cornejo que, en su condición de titular del MTC, mantuvo supuestamente vínculo societario con su empresa V y C Vizcarra S.A.C. en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio.
De la misma manera, presuntamente haber favorecido los intereses de la empresa OBRAINSA, no obstante, la empresa C y M Vizcarra S.A.C. formó parte del Consorcio COLCA junto a la empresa OBRAINSA, infringiendo en ambos caos el texto legal del artículo 126 de la Constitución Política.
Contra exministro de Educación
De otro lado, una segunda denuncia constitucional vista en la sesión, fue la presentada por los excongresistas Edmundo Del Águila Herrera, Paloma Noceda Chang y Armando Villanueva Mercado, contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes. Esta fue declarada procedente para la investigación respectiva, en lo concerniente a los delitos de función por omisión, rehusamiento y demora en actos funcionales.
No ocurrió lo mismo, en lo que se refiere a los delitos imputados de infracción a la Constitución en los artículos 16 y 128.
Asimismo, se aprobó solicitar a la Comisión Permanente el plazo pertinente para realizar las investigaciones y emitir el informe final correspondiente.
El congresista Gino Costa Santolalla (PM) se manifestó en contra de la denuncia porque el tema por el que se le acusa al exministro, (publicación de un cuestionado link sobre ideología de género) fue superado en la Comisión de Educación a la que fue invitado.
“El exministro no negó su responsabilidad, pero responsabilidad política. Tampoco negó la gravedad de los hechos. Creo que eso fue superado en la comisión. Por eso, votaré en contra”, dijo.
Puesto al voto, se registró 13 a favor y uno en contra.
Revisión
Posteriormente, se decidió una nueva revisión de la denuncia constitucional presentada por el congresista Alexander Lozano Inostroza (UPP), contra el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero.
Fue después de la aprobación de una cuestión previa con nueve votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
Los delitos que se le imputan al exfuncionario son homicidio culposo, lesiones graves, exposición o abandono peligrosos, omisión de auxilio o socorro, entre otros.
El informe técnico de la asesoría recomendaba la improcedencia de la acusación al no advertir la existencia de elementos que establezcan que el denunciado haya incumplido sus funciones y vulnerado normas constitucionales. Esto es haber omitido implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pendiente
Quedó pendiente de delegación de otra denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación, esta vez, contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez por la presunta comisión de tráfico de influencia agravado previsto en el artículo 400 del Código Penal vigente.