Mila. El Tribunal de Apelaciones de la Corte de Loreto, que preside Carlos del Piélago, dictó nueve meses de prisión preventiva para Lucas Pezo Amaringo, investigado por delito de violación en agravio de su hijastra ‘Mila’ (seudónimo).
De ese modo, el Poder Judicial revocó la medida de comparecencia restringida decretada en primera instancia contra el individuo, quien se encuentra actualmente en libertad debido a que en un inicio se consideró que no existían suficientes elementos de convicción para detenerlo.
Hace tres días, la presidente Dina Boluarte pidió la detención de Lucas Pezo Amaringo (41). «Exigimos al Poder Judicial la reversión de la persona que está en libertad, la captura inmediata. Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud, y como Gobierno, vamos a proteger y amparar a la menor y la vamos a acompañar de acá para siempre. No la vamos a abandonar», sostuvo.
En primera instancia, el Poder Judicial negó la prisión preventiva en contra del padrastro al considerar que no existían suficientes elementos de convicción para dictar la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.
«¿Qué más pruebas necesita el Poder Judicial para actuar? No sé por qué lo han dejado en libertad (a Lucas Pezo Amaringo). No podemos permitir en una sociedad democrática y de respeto, violencia contra las menores, contra los menores, contra las mujeres», sostuvo.
Caso “Mila”
La menor, víctima de este abuso llevaba 18 semanas de gestación, y tras una evaluación de la junta médica especialista, el Ministerio de Salud, por medio del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), informó la decisión de aprobar la interrupción del embarazo de la menor de 11 años para evitar un grave daño en su salud física y mental.
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El INMP aseguró que el tratamiento se rigió por las normas y leyes vigentes del país desde el inicio de su atención, a fin de salvaguardar la salud de la niña que fue violada sexualmente por su padrastro en Loreto.
El último lunes, los obispos del Perú, en un pronunciamiento público, rechazaron la decisión de la junta médica del Instituto Nacional Materno Perinatal de aprobar el aborto terapéutico a “Mila”, por tratarse de “un hecho injusto e indolente”.
“Frente a este acto de injusticia y de vulneración del derecho a la vida del nasciturus, levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente. Puesto que la vida es sagrada. La vida es un derecho absoluto e inalienable porque es un don divino, que Dios nos pide salvaguardarla, como reza el quinto mandamiento del decálogo: “no matarás” (Ex 20, 13)”, reza el texto de los obispos, reunidos en la Conferencia Episcopal Peruana.
Este miércoles, CHS Alternativo, ONG especializada en trata de personas y explotación humana, declaró estar preocupada “por la vulneración de los derechos de Mila”. “El Estado peruano ha negado el procedimiento de aborto terapéutico, pese a que queda escaso tiempo para que se cumplan las 22 semanas que establece la ley como plazo límite para acceder al procedimiento”, sostuvo.
En el Perú, señaló, cada día, 4 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres, 2 de cada 3 viven en zonas rurales y 9 de cada 10 se encuentran en situación de pobreza. Estos embarazos se producen en el marco de la vulnerabilidad, la desigualdad y, con frecuencia, del abuso sexual.
Indicó que el embarazo de Mila es el de cientos de niñas en nuestro país: un embarazo forzado producto de la violencia sexual y que indefectiblemente impacta en su salud mental. CHS Alternativo ha acompañado a la familia de la menor y ha sido testigo de las difíciles circunstancias que la rodean. Mila es una niña que no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia.
En el Perú, el marco normativo nacional no tiene una regulación específica en estos casos. Sin embargo, se cuenta con la Guía de Aborto Terapéutico que, aunque no indica explícitamente que una violación sexual o el ser menor de edad son causales para la interrupción del embarazo, deja abierto el camino para proteger los derechos fundamentales y la salud integral de quienes han sido violentadas y no están en condiciones de continuar con una gestación no deseada.
Los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, señala que los Estados deben proteger el derecho a la salud tanto física como mental. Además, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño y la niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Precisamente, el Comité para los Derechos del Niño, a través del caso Camila –un caso similar de embarazo adolescente por violencia sexual (Comunicación Nº 136/2021)– ha establecido expresamente que el Estado peruano debe, entre otras acciones, adoptar las siguientes medidas: a) Despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; b) Modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico; entre otros.
Específicamente, sobre el caso de Mila, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de un comunicado de fecha 08 de agosto, han expresado su profunda preocupación por el caso, solicitando al Estado que le asegure el acceso a servicios de salud física, el acompañamiento en salud mental, y la restitución de sus derechos.
Ante el comunicado del Ministerio de Salud, que asegura que ha trasladado a Mila al Instituto Nacional Materno Perinatal, en Lima, para brindarle una atención especializada y así garantizar su salud física y mental, respetando las normas y leyes vigentes, CHS Alternativo expresa y reitera su compromiso por los derechos de quienes sufren abuso y explotación y llama al Estado peruano a proteger los derechos de todas las niñas, niños, adolescentes y las víctimas de violencia sexual, considerando el enfoque de género, el enfoque centrado en la víctima y el enfoque centrado en el trauma.
En ese sentido, es obligación de las autoridades peruanas reconsiderar y revertir la decisión de la junta médica emitida por el Hospital Regional de Loreto que obliga a Mila a continuar con el embarazo, a fin de que se puedan restituir sus derechos, para que acceda a su desarrollo integral.
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Exhortamos al Congreso de la República a que, teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales formuladas en el caso Camila y otros instrumentos similares de derecho, precise el marco legal para que se modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico y se amplíe en todos los casos de embarazo infantil y adolescente producto de una violación sexual.
El Estado peruano tiene la oportunidad de reparar el daño que viene infringiendo a Mila y detener el proceso de revictimización a la que está sometiéndola. Así, finalmente, se sentará el precedente necesario para generar cambios legislativos que permitan proteger a las miles de niñas víctimas de violencia sexual en el Perú.
