A través de una Ordenanza Municipal, el Concejo Provincial de Corongo, Ancash, ordenó la inmovilización total y obligatoria de instituciones públicas y privadas de toda su jurisdicción. Es en respuesta, argumentó, “al incremento desmedido de los casos positivos de la COVID-19”.
Sin embargo, la medida que rige desde las 00:00 del día lunes 19 de Abril hasta las 23:59 horas del día 02 de Mayo del 2021, no estaría ajustada a ley, por cuanto, los gobiernos locales, no están facultados para adoptar tal decisión.
Hoy, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash pidió a la Municipalidad Provincial de Corongo dejar sin efecto la Ordenanza Municipal 003-2021-MPC, debido a que “vulnera la Constitución porque los gobiernos locales carecen de competencias para disponer restricciones a derechos fundamentales más allá de las que válidamente establece el Poder Ejecutivo cuando declara el estado de emergencia”.
“Además de restringirse inválidamente la libertad de tránsito, con la emisión de la ordenanza no se garantiza tampoco el cumplimiento de actividades esenciales como el abastecimiento de alimentos, salud, medicinas y agua; y de servicios básicos como saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, limpieza y recojo de residuos sólidos, como sí se dispone en las medidas que amplían el estado de emergencia nacional”, explicó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Soledad Rodríguez.
Además, la representante de la Defensoría del Pueblo alertó que la norma aprobada por el municipio de Corongo no respeta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el que se establecen medidas diferenciadas hasta el próximo 9 de mayo de acuerdo al nivel de riesgo sanitario en cada provincia.
“De acuerdo con lo estipulado en el decreto supremo, la provincia de Corongo está considerada dentro del grupo de riesgo muy alto por sus índices de contagios de COVID-19, por lo tanto, la inmovilización social rige desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, y no como establece la ordenanza municipal”, subrayó Rodríguez.
Finalmente, la funcionaria instó a las autoridades locales a respetar el marco legal y constitucional que regula la vigencia del estado de emergencia sanitaria.
El comunicado de la autoridad municipal en la que da a conocer la ilegal medida reza: «Estimados hermanos de nuestra provincia: Estas medidas aprobadas buscan salvaguardar la salud y la vida de todos nosotros ante el incremento de los casos confirmados de covid 19».
