Actualidad Politica

No más ampliación del beneficio minero, por Guillermo Ruiz Guevara

Por Guillermo Ruiz Guevara

Candidato al Congreso, por RUNA, Nº 3, para Lima.

Desde el 1ro de enero, el sector minero ya no se beneficiará con la devolución del IGV que el Estado efectuaba, conforme a la Ley 27624, de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que beneficia a la explotación minera y de hidrocarburos, su plazo venció el 31 de diciembre 2019. Justamente, por ampliación concedida hasta esa fecha. Dicho sector se benefició con devoluciones que superan los 25 mil millones de soles. Este monto es equivalente a una cuarta parte de lo que la SUNAT recaudaría en el año 2019.

No deberá ampliarse nuevamente tal beneficio, que convierte al Estado en un irresponsable administrador de los fondos públicos y de la riqueza natural del país. Este pedido se interpone al Ejecutivo, ante el presidente Vizcarra, quién podría rodearse del lobby de los mineros. En las circunstancias actuales, un Decreto de Urgencia sobre tal posibilidad, de una nueva ampliación, sería grave para la economía nacional y políticamente inoportuna.

Los mineros hacen su labor de explotación, de extracción y exportación de polimetales, mayoritariamente. Extraen la riqueza del subsuelo peruano. Se convierten en propietarios del suelo y de lo que este contiene bajo su superficie. Aunque la norma constitucional precisa que solo el Estado es dueño del subsuelo, pero está concesionado.

Foto: Ministerio de Energía y MInas

Entonces, los mineros declaran piedras no procesadas, el cálculo de la ley del mineral, de la existencia de oro, por ejemplo, no es un cálculo riguroso; sin embargo, en el puerto de arribo, los mineros procesan la piedra, separan los minerales y los venden al precio que corresponde.

Todas las actividades económicas están sujetas al pago del IGV, el 18% de lo comprado. Para las exportaciones, el panorama es similar. Pero, como los impuestos no se exportan, el país, como en cualquier parte del mundo, no impone IGV a los productos que se colocan en mercados internacionales. Los exportadores pagan IGV por la compra de vehículos, insumos, maquinaria y otros. Sin embargo, este impuesto se devuelve cuando el producto final es exportado.

Los créditos fiscales (montos pagados por impuesto) se recuperan a través de la deducción del pago del Impuesto a la Renta (IR), cuando este lo supera, el saldo restante se devuelve en efectivo. Por ello, entre 2012 a 2018 se devolvió a las mineras 25 mil millones de soles y durante 2016 y 2017 se les reintegró un promedio anual de 6 mil millones de soles. Incluso, en 2016 el Estado recaudó mucho menos de lo que se había devuelto (se recaudó S/ 5 mil 134 millones y se devolvió S/ 5 mil 889 millones).

La situación de la minería en Perú es controversial, sea la gran minería formal hasta la ilegal.

A esto, súmese la actividad minera ilegal, que desforesta y contamina los ríos, corrompe a funcionarios y a la población donde opera. Y la historia no secreta de las compañías que financian con millones de dólares la compra de oro ilegal en Sudamérica. Se sabe de la existencia de campamentos de producción de mineral ilegal en Huepetuhe y La Pampa, la mayor son zona deforestada; dicha actividad minera, a lo largo de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Igual sucede en las minas en las montañas de la Cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador y por las profundidades del Caquetá y el Amazonas, regiones que aún domina el narcotráfico en la selva de Colombia.

Y todo está en documentos judiciales y policiales sobre el tráfico ilegal de metal. Analizadas las exportaciones auríferas, salidas de Sudamérica, se identificó a los financistas de la fiebre del oro que devastó extensos territorios en los últimos años: son un grupo de compañías de EEUU, Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos, asociadas o vinculadas a través de otros grupos empresariales al London Bullion Market Association (Lbma), el gremio que fija el precio del oro a nivel internacional y que concentra a los principales comerciantes de este activo en el mundo.

Estas corporaciones –Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation (RMC), de EEUU, Italpreziosi de Italia y el grupo Kaloti del emirato de Dubái– además son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de presunto origen ilegal que han sido enviadas por exportadoras sudamericanas dirigidas por operadores de esta actividad ilícita vinculados al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal.

Foto

Foto: Ministerio de Energía y Minas

Las autoridades judiciales de Perú tienen en la mira a las compañías del circuito londinense (que también adquieren oro en Medellín, La Paz y Guayaquil) por los 25 casos penales originados tras la incautación de una tonelada de metal en el Callao, entre el 2013 y el 2014, y por otros procesos por lavado de dinero de la minería ilegal. También se investigan los verdaderos capitales de estas corporaciones, sus millonarias transferencias de dinero para comprar oro en zonas de extracción del sur del Perú en los últimos años, así como los contactos que los ejecutivos de estas empresas establecieron con los dueños de las exportadoras en Lima y otros países amazónicos para despachar las cargas de origen ilícito a sus filiales en Miami, Zürich y Roma.

“El oro de Madre de Dios y Puno estaría saliendo en mayor medida hacia Bolivia y Chile, para ser luego exportado a Estados Unidos y Suiza”, explica Lenin Valencia, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y coordinador del estudio “Las rutas del oro ilegal”, publicado en el año 2015.

Hay un informe que señala que el oro exportado declarado por Perú, Ecuador y Bolivia es inferior al que circula en el mundo, proveniente de los mismos países.

La gran industria formal minera no se excluye a las observaciones, las inversiones en Conga, Tía María y otras más de grandes dimensiones, están afectadas por líos con las comunidades y estudios de impacto ambiental con serias deficiencias.

Foto: Ministerio de Energía y Minas

Un escenario en el que las devoluciones a las empresas mineras quedan como un despropósito constitucional, un defecto de leyes que favorecen exoneraciones, devoluciones, falta de control real sobre la calidad de los polimetales que se exportan y una afectación a los recursos que el país requiere para invertir en desarrollo social.

En síntesis, gobiernos de monos que hacen del Ejecutivo y del Legislativo seres arrodillados ante el poder del dinero de los mineros, tanto de los “formales” como de los ilegales. Esto debe cambiar.

Fuentes:

cpalsocial.org/915.html

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada día un resumen de noticias en su correo electrónico.