“Los Obispos del Perú invocamos al Gobierno a detener urgentemente en Puno, la violencia y las muertes, vengan de donde vengan; al Ministerio Público y al Poder Judicial a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social”.
Esta es la reacción de la Conferencia Episcopal Peruana a los enfrentamientos violentos registrados en los alrededores del aeropuerto de Juliaca entre manifestantes y miembros de las Fuerzas del orden, con un saldo de 17 personas fallecidos y una treintena de heridos.
“Lamentamos que los hechos en Puno se hayan producido, por un lado, como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y, por otro, por el uso desmedido de la fuerza. Ambas situaciones son condenables” se lee en el pronunciamiento de los representantes de la iglesia católica peruana.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, afirmó, tras los luctuosos sucesos de Juliaca, que “el derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe ser ejercido de manera pacífica, sin afectar los derechos de otras ciudadanas y ciudadanos”.
“Invocamos a la población a no realizar hechos de violencia respetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias. La toma de aeropuertos, la agresión a otras personas -incluidas las fuerzas de orden-, impedir el desplazamiento de ambulancias y toda forma de atentado contra la propiedad pública o privada constituyen graves delitos que no forman parte del derecho a la protesta”!, refirió.
A renglón seguido señaló: “Recordamos a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) que tienen el deber de cumplir con las normas vigentes y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
Vea el pronunciamiento:
