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ONU pide investigar la muerte del expresidente de Egipto

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a investigar la muerte del ex presidente de Egipto Mohammed Morsi, acontecida el lunes durante una audiencia del juicio al que se le sometía.

La organización indico que por haber estado bajo custodia de las autoridades egipcias, el Estado era responsable de garantizar el respeto de sus derechos a la vida y a la salud.

“Cualquier muerte súbita en custodia debe ser investigada de manera inmediata, imparcial y transparente por un órgano independiente que aclare el motivo de la defunción. Estos son los principios generales elaborados por varios organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Africana, con la que coincidimos”, subrayó Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada.

Mohammed Morsi, el primer presidente electo democráticamente en Egipto, colapsó el lunes luego de declarar ante un tribunal que lo juzgaba por cargos de espionaje y falleció en el acto. Las autoridades informaron que la causa del deceso fue un ataque cardíaco.

Morsi tenía 67 años y se encontraba preso desde 2013, cuando un golpe militar acabara con su gobierno apenas un año después de iniciado.

Sin cuidados médicos

Morsi, quien fuera líder de la Hermandad Musulmana, una agrupación ahora prohibida en Egipto, padecía hipertensión y diabetes y, según denuncias de larga data de activistas y familiares, no recibía tratamiento en la cárcel, además de que se le sometía a confinamiento en solitario.

Amnistía Internacional reportó que durante su estancia en prisión las autoridades permitieron sólo tres visitas de sus familiares y que negaron el acceso a sus abogados o médicos.

Convenciones internacionales

La Oficina de la ONU recordó Egipto es un Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y, como tal, “tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los individuos privados de su libertad”.

En palabras del comité que monitorea la implementación de la Convención, “al arrestar, detener, encarcelar o privar de alguna otra forma a los individuos de su libertad, los Estados partes asumen la responsabilidad de velar por sus vidas e integridad física”.

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