Horas después del anuncio a través de los medos de comunicación el Ministerio Público informó que la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, abrió investigación preliminar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.
En esta investigación, señaló el Ministerio Público, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
De esta manera, señala la fuente oficial, se le atribuye al jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III.
Para tal efecto, habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, con quien mantendría una relación cercana quien, en su condición de asesora de una de las empresas que forma parte del citado consorcio, se presume realizó gestiones ante el presidente de la República para favorecer la adjudicación de dicho proyecto al consorcio Tarata III, por S/ 232.5 millones, como ocurrió el 19 de octubre de 2021.
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.
A fin de lograr este propósito, el primer mandatario de la República habría contado con la intervención de Karelim López Arredondo, quien registra un ingreso a Palacio de Gobierno en la misma fecha y hora que el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y el proveedor de biodiesel Samir Abudayeh, es decir, el 18 de octubre de 2021. Cabe precisar que tres días después de esta reunión (21 de octubre), Petroperú emitió una orden de servicio para comprar biodiesel para sus plantas.
En ambos casos resulta relevante la intervención de Karelim López Arredondo, quien tendría un vínculo amical con Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia de la República, y con el propio presidente Pedro Castillo, como lo evidencian las visitas realizadas a la casa ubicada en el jirón Sarratea (Breña), en donde el primer mandatario habría concurrido en varias oportunidades, en horas de la noche, para reunirse con distintas personas.
De igual forma, López Arredondo también se habría encargado de la organización de la fiesta infantil de cumpleaños de la menor hija del presidente de la República, realizado el 27 de octubre de 2021, para lo cual habría contactado directamente con una conocida animadora de eventos.
La investigación que se abrió al jefe de Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, el cual indica que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
“Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”, señala el Ministerio Público, al precisar que “la disposición fiscal N° 1, del 4 de enero de 2021, ha sido debidamente notificada a la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.
Fiscal de la Nación también abre investigación por ascensos a militares
El despacho de la fiscal de la Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar al presidente Castillo Terrones por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Antecedentes
Esta es la segunda vez, en la historia del Ministerio Público, en la que un Fiscal de la Nación, abre investigación a un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo. Como se recuerda, el primer antecedente se registró en octubre de 2020, cuando la fiscal suprema y titular del MP, Dra. Zoraida Avalos Rivera, dispuso abrir investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por sus vínculos con el ciudadano Richard Cisneros Carballido (conocido como Richard Swing), quien se vio favorecido con diversas contrataciones en el Ministerio de Cultura.
La investigación fue suspendida toda vez que Martín Vizcarra se encontraba en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, no obstante, una vez que dejó el cargo, (luego que el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia en su contra), la Fiscal de la Nación emitió una nueva disposición para iniciar los actos de investigación. Culminada esta etapa se formuló la correspondiente denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
La informaciòn inicial presentada en agenda pais
De acuerdo a informaciones propaladas por medios de comunicaciones, aunque no confirmadas oficialmente hasta el momento por el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera decidió abrir investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión por las visitas a la casa de Breña y a Palacio de Gobierno de la lobista Karelim López y las subsiguientes adjudicaciones de contratos en Provias Desencentralizado y Petroperú en la compra de Biodiesel.
Ávalos habría dispuesto la notificación de la resolución respectiva al presidente Castillo y al procurador general del Estado, Daniel Soria en circunstancias que el jefe de Estado participaba en la ceremonia de apertura del año judicial 2022.
De acuerdo con las fuentes periodísticas, la fiscal de la Nación abre la investigación en el marco del artículo 117° de la Constitución Política del Estado que señala que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
En base al antecedente del caso Martín Vizcarra, las fuentes señalan que se abre la investigación preliminar y a la vez se suspende cualquier diligencia indagatoria hasta que concluya el mandato presidencial, en julio del 2026. Esta situación, no impide que se sigan investigando a las otras personas involucradas en los mismos hechos.
Agrega las mismas fuentes que se investigará la relación que pudiera existir entre las visitas que Karelim López realizó a la casa de Breña y las reuniones en Palacio de Gobierno con el exsecretario general Bruno Pacheco, con la posterior adjudicación por parte de Provías Descentralizado de un contrato al Consorcio Puente Tarata III. López ingresó a Provías como representante de la empresa Termirex y el Grupo Arose, integrantes del consorcio ganador.
Avalos Rivera habría tomado la decisión ad portas de su periodo vacacional 2019-2022 que empieza en sus primeros 15 días el jueves 6 y concluye el jueves 20 de enero de 2022.
