Pedro Castillo Terrones, hasta antes del mediodía de este miércoles presidente de la República, pagará cara su osadía de intentar disolver al margen del mandato constitucional el Parlamento Nacional y de instaurar un gobierno de excepción con el fin de recuperar el equilibrio de poderes,
Castillo Terrones se encuentra en calidad de detenido preliminarmente en el Estableciumiento Penitenciario de Barbadillo (sede de la DINOES).
En este lugar fue recluido luego de ser traslado en un helicóptero de la PNP desde el Cuartel Los Cibiles en el Rímac a donde fue llevado tras permanecer unas seis horas en la sede de la Prefectura de Lima.
A esta dependencia estatal, Prefectura de Lima , fue llevado tras ser intervenido en plena vía pública por un equipo de policías cuando se desplazaba en su vehículo oficial, con destino a la Embajada de México, ubicada en la avenida Jorge Basadre 710, distrito de San Isidro.
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, Pedro Castillo será procesado por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional.
Encabeza las diligencias la fiscal de la Nación, Patricia Benavides quien se constituyó a la sede prefectural minutos después de la detención de Pedro Castillo.
En todo momento Pedro Castillo recibió la asistencia legal de su exjefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres.
Acompañaron a Patricia Benavides el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.
Como parte de la diligencia, se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Pronunciamiento
Previamente, Benavides Vargas leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, en el que expresó su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional, además de anunciar la adopción de las acciones legales correspondientes.
“Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana (…) Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales”, señaló el comunicado.