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Perú: García marca la agenda contra prisión preventiva

Por Gilberto Anticona

Alan García (AG) ha muerto hace algunos días, pero sus criterios en contra de la prisión preventiva tienen seguidores que van desde el presidente de la República, jefe del Gabinete Ministerial,  congresistas y altos funcionarios de la administración pública; para no mencionar a empresarios, políticos e influidores vinculados a costosos estudios de abogados.

Para explicar nuestra opinión, recordemos solo dos declaraciones al respecto para parte del fallecido líder aprista.

En el 22 de octubre de 2018, por ejemplo, García aparece calificando la detención preventiva como ‘abuso totalitario’, esto en el contexto del proceso que se le seguía a Keiko Fujimori.

Un día antes de su suicidio, el 16 de abril de este año, como curándose en salud y en defensa del procesado PPK,

AG se refirió a los fiscales expresando que “se está abusando de las prisiones preventivas”.

Los seguidores del expresidente

Los llamados a defender al Estado frente a los corruptos que la depredan, nos referimos a funcionarios rentados, son los primeros que se han sumado al criterio contra la prisión preventiva esbozada por el fallecido mandatario.

El presidente Vizcarra es quien ha oleado y sacramentado la protesta. En una declaración reciente señaló que “se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos” y pidió que se haga “una reflexión y la evaluación correspondiente”.

Es evidente que estaba preocupado por sus colegas expresidentes en capilla y no por los 36 mil detenidos peruanos que se encuentran refundidos en cárceles saturadas y sin sentencia.

Otro funcionario estatal que se ha sumado al panel de coristas contra la prisión preventiva es el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Muy suelto de huesos ha manifestado casi en dúplica con el presidente Vizcarra sobre la necesidad de una reflexión en torno a la prisión preventiva, en la medida que algo excepcional se está haciendo “moneda corriente”.

Más corifeos

Por su parte el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también ha metido su cuchara en defensa de los poderosos que no quieren prisión preventiva. Ha calificado de “excesos” la aplicación de esta ley, porque debe aplicarse solo como “excepción” y no como “regla”.

Quien se mostró abiertamente en contra de la ley cuestionada y ha pedido su revisión y modificatoria por parte del Congreso, es el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; se trata de una situación en donde “se está produciendo un abuso por una norma malinterpretada”, ha expresado.

De igual modo, otro funcionario público que se mostró en oposición de la prisión preventiva, aunque con la salvedad de que el problema no es la norma, sino el “criterio con el cual los jueces aplican esa ley”, ha sido el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

El presidente del Parlamento, sin embargo, ha dejado sentada su oposición a que se modifique la norma, pues  al ser transversal, finalmente podría beneficiar a violadores, narcotraficantes, feminicidas, etc.

Como se ve, estamos ante una cruzada casi total de los poderosos en contra de la prisión preventiva. El establisment de la coima y la cutra ha entrado en pánico, mueve sus hilos y no desea dicha norma para nada. Apunta a modificarla o eliminarla. ¿Lo conseguirá?

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