La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz anunció hoy la decisión de la Cancillería peruana de llamar en consulta a los embajadores en Bolivia, Colombia, Argentina y México, cuyos presidentes expresaron su respaldo al expresidente, Pedro Castillo, desconociendo la designación de Dina Boluarte como nueva Jefe del Estado peruano.
En el lenguaje diplomático, la llamada a consultas (hacer regresar por tiempo indefinido al embajador propio acreditado ante otro Estado) es una forma enérgica de protesta.
Está inmediatamente por encima de convocar al embajador (que es citar al representante diplomático de otro país acreditado en el propio para entregarle una nota verbal—es decir, escrita— de queja).
Razones de la decisión
La cancille explicó que la decisión es en “reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución del Perú y no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países”.
Gervasi agregó que nuestro país seguirá dando muestras de su amplia voluntad para profundizar el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional.
A decir de la canciller, en el Perú existe pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes, y se garantiza el acceso de todos los ciudadanos a una justicia independiente.
El pronunciamiento de los 4 países
El pasado 12, en un comunicado conjunto, los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
De acuerdo al documento,”Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”..
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”..
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, concluye la nota.
Ese mismo día, el 12 de diciembre, la Cancillería peruana respondió al comunicado conjunto emitido por Bolivia, Argentina, Colombia y México.Este es el texto del documento:
Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado. Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
Atendiendo el consenso existente en el Perú, la Presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024.
El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú.
El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país.