Perú buscará otros proveedores de material militar y policial luego de la decisión del Gobierno de España de suspender, a pedido de Amnistía Internacional, cualquier nueva autorización o envío al país de dotación antidisturbios ante la posibilidad de que sea usada para cometer graves violaciones de los derechos humanos.
“Sí España ha decidido no vender material lacrimógeno a la PNP, respetable, por cierto […] Si (España) nos ha cerrado las puertas, tocaremos otras puertas, no hay ningún problema”, respondió el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, durante el desarrollo de una conferencia de prensa en la que estuvo también la presidente Dina Boluarte.
Romero Fernández, en su intervención, aseguró que en el país vivimos en un Estado de Derecho y que hay una independencia de poderes-
“Tenemos que ser responsables y respetuosos que en algún momento el Ministerio Público nos alcance los resultados de estas investigaciones (sobre violaciones de los Derechos Humanos que habrían cometido policías y miliares durante la represión de marchas tras la caída del poder de Pedro Castillo), de manera que no tenemos que presumir, tenemos que esperar”.
“Vuelvo a repetir, no hay resultados hasta el momento, son especulaciones”, concluyó el titular del Interior.
El pasado martes, durante su comparecencia en la Comisión de Exteriores de la Cámara baja, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, informó sobre la suspensión de las exportaciones de material militar y policial a Perú, debido a la situación política que vive el país tras la destitución de Pedro Castillo.
«En el momento en el que empezó esa situación de ruptura, de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú, como hacemos siempre», expresó el ministro ante la representación española.
Albares respondía así a las preguntas de diputados que criticaban el envío de los materiales antidisturbios, que podrían ser utilizados en la represión de las protestas contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte y que a la fecha ha provocado la muerte de 60 personas.
“Desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal”, alertó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
La entidad cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022 -últimos datos oficiales disponibles-, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios. En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.
La sección española de AI ha pedido por carta la suspensión de estas exportaciones a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, también presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas, cuyas decisiones son secretas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
La carta solicita además que, de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, se revoquen la autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, y se mantenga esta medida hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
Además, Amnistía Internacional plantea que mientras no se adopten estas propuestas, “como mínimo, se apliquen medidas reforzadas de mitigación del riesgo” que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el Gobierno español.
