También los internos procesados por delitos sancionados con penas capitales (cadena perpetua y, en su extremo mínimo conminados con veinticinco o más años de pena privativa de la libertad) y por los delitos referidos a violaciones a los DDHH y delitos de lesa humanidad, con motivo de la Pandemia del COVID-19, están incluidos como posibles beneficiarios de las medidas urgentes aprobadas por el Poder Judicial que comprende la evaluación y de ser necesaria la reforma o cesación de la prisión preventiva.
“En los casos de los internos procesados por delitos sancionados con penas capitales (cadena perpetua y, en su extremo mínimo conminados con veinticinco o más años de pena privativa de la libertad) y los delitos referidos a graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la evaluación requiere de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares internacionales aplicables”, señala el acápite 4.6 de la Directiva dictada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside José Luis Lecaros.
Esta Directiva General tiene por objeto establecer, de manera excepcional y temporal, supuestos especiales, dentro de la legislación vigente, para que de oficio se proceda a evaluar y dictar, si correspondiera, la reforma o cesación de la prisión preventiva en el marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por la pandemia del Covid 19.
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Los criterios establecidos en la referida directiva deben ser tomados en consideración por los jueces al momento de resolver, aunque no tienen carácter vinculante.
Las medidas buscan resolver el problema del riesgo y contagio masivo de la población penitenciaria con el COVID-19, dadas las condiciones de hacinamiento de los penales y la vulnerabilidad de muchos de los internos.
Esta propuesta fue presentada por los jueces supremos César San Martín Castro y Víctor Prado Saldarriaga, presidentes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, respectivamente.
La directiva contiene criterios y pautas interpretativas que busca uniformizar el tratamiento y procedimiento judicial en base a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el conjunto de recomendaciones a los Estados de la región, para abordar el enfrentamiento al COVID-19, realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Igualmente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), aprobó los lineamientos para la operatividad de la mencionada directiva, los cuales deben ser cumplidos por los jueces competentes y administradores de los módulos penales.
Vea la Resolución Administrativa y la Directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia de Covid 19 y los lineamientos de la directiva:
Directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia de Covid 1
