El gobernador Regional de Puno, Agustín Luque Chayña, se encuentra desde el sábado último en calidad de detenido por un plazo de siete días, período que podría prolongarse por un requerimiento de prisión preventiva hasta por 36 meses. Hace exactamente una semana, otra autoridad producto del voto popular, en este caso el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido por presunto delitos contra la administración pública.
Pero, ¿cuáles son las razones para que la justicia haya decidido cortar el mandado del profesor puneño Agustín Luque Chayña de 52 años que accedió al máximo puesto administrativo en la región por una resolución que inhabilitaba en el cargo al titular Walter Aduviri Calisaya, quien en el 2018 ganó las elecciones regionales en primera vuelta con 43% de los votos?
Foto: Fiscalía de la Nación
De acuerdo a una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Puno, Luque Chayña habría incurrido en el delito de colusión al haber supuestamente concertado la anulación de penalidades a un consorcio encargado de las obras de reforzamiento del hospital Manuel Núñez, en una irregular conciliación extrajudicial.
A Luque Chayña se le atribuye haber concertado con el Consorcio Hospitalario Manuel Nuñez, representado por el ciudadano extranjero Chen Junkun, un acuerdo formal por el cual retrotrajeron el cobro de penalidades, superiores a los 500 mil soles, aplicadas al consorcio respecto de la obra que se le había encargado.
Las primeras investigaciones fiscales señalan que el gobernador regional habría acordado con el representante del consorcio la anulación de la carta a través de la cual se le comunicaba la aplicación de las penalidades, y que este acuerdo se habría logrado con el jefe de asesoría legal del gobierno regional, John Martínez Molina como representante del gobierno regional.
Foto: Ministerio Público
La conciliación extrajudicial se habría realizado en el Centro de Conciliación “Mediar Puno”, diligencia que estuvo a cargo de la conciliadora extrajudicial Liliana Larico Bermejo. La legalidad del documento habría sido verificada por el abogado Hans Larico Apaza. Todos ellos también imputados por los mismos delitos.
Además, la investigación presume que el acta de conciliación carecería de las formalidades establecidas en la ley y habría sido celebrada por el jefe de asesoría legal del gobierno regional con una delegación de facultades otorgada por el presidente regional, también de manera irregular.
La medida coercitiva, solicitada por el fiscal provincial, William Otazú Pinto, incluyó el allanamiento de varias sedes del gobierno regional.
El operativo fiscal contó con el apoyo de efectivos de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) y de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional y fue supervisado por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fiscal superior Omar Tello Rosales.
Además de Luque Chayña, fueron detenidos de manera preliminar John Martínez Molina (Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica), la conciliadora Liliana Larico Bermejo y el abogado Hans Larico Apaza. Entre tanto, falta ubicar y capturar al ciudadano extranjero identificado como Chen Junkun.
Foto: Ministerio Público
