Ricardo Antonio Soberón Garrido, abogado formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y excandidato al Congreso por Juntos por el Perú, volvió hoy a la presidencia ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas–DEVIDA, luego de 10 años de haber ocupado el mismo cargo.
Mediante resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano el Gobierno resolvió su designación al tiempo de aceptar, en otra resolución, la renuncia formulada por Fidel Pintado Pasapera. Ambas llevan la firma del presidente Pedro Castillo con el refrendo de Mirtha Vásquez, jefe del Gabinete.
Perfil
Ricardo Antonio Soberón Garrido es especialista en políticas sobre Drogas y Narcotráfico. M. A. en Política Internacional por la Universidad de Bradford, Inglaterra. Socio fundador del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).
Es un crítico de la política de erradicación forzosa de cultivos aplicada por los gobiernos peruanos en los últimos 30 años y sostiene que esta estrategia «agudiza los conflictos sociales, alimenta la violencia subversiva de cualquier origen, perjudica las economías locales con efectos sobre la economía nacional, y destruye bosques al dispersar los cultivos, pero no revierte ninguna de las causas subyacentes al narcotráfico, como la pobreza, la marginación y la desatención del Estado».
Trabajó en el Congreso con las excongresistas Elsa Malpartida y Nancy Obregón. Ocupó la presidencia de DEVIDA entre agosto de 2011 a ene de 2012 durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso.
De acuerdo a versiones periodísticas es cercano a la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a quien conoce cuando ambos formaron parte del Frente Amplio y postularon a una curul en el Congreso, en distintos momentos.
Hace un mes cuando a nivel de rumores se hablaba de la designación de Soberón Garrido, organizaciones nativas de la Selva Central y el VRAEM, CARE y CART emitieron un pronunciamiento público en el que rechazaban el posible nombramiento en la presidencia de DEVIDA de un cocalero, prococalero o con vínculo con los cocaleros.
Argumentaron que la oposición radicaba en que “durante los últimos seis años, el territorio de las comunidades nativas del VRAEM se ha visto terriblemente afectado y vulnerado por la invasión de colonos cocaleros que han ingresado rompiendo la estructura social y económica de las comunidades y deforestan masivamente nuestros bosques para el cultivo de la hoja de coca y/o abrir pozos de maceración»
Vea el pronunciamiento: