Josë Niño deja el cargo y anuncia su retorno a las aulas mientras que Jerí Ramón instrumenta el aparato administrativo para perpetuarse
San Marcos. Mientras el vicerrector de Investigación, José Niño Montero, anuncia su retorno a las aulas tras cumplir de forma estricta sus cinco años de gestión, la profesora Jerí Ramón prorroga su propia permanencia mediante una resolución con su firma, abriendo las puertas a una inevitable ola de demandas, desacatos e invalidez de actos administrativos.
Esta es una historia difícil de asimilar por la facilidad con la que, gracias a una mayoría complaciente acreditada en su máximo órgano de gobierno, un mandato de cinco años en la UNMSM pretende extenderse de manera indefinida mediante la interpretación antojadiza de la normativa universitaria.
Reencuentro con las aulas
“Muchas gracias a todos, gracias por la confianza recibida, y vuelvo a mis tareas docentes como siempre lo he hecho, trabajando por nuestros estudiantes para hacer cada día una mejor universidad en un mejor país”.
Con esas palabras, compartidas en un emotivo video en sus redes sociales, José Niño Montero reafirmó públicamente el fin de sus funciones como Vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cumplía así, en estricto apego a la institucionalidad y a los principios éticos, los cinco años de gestión fijados por la Resolución Rectoral N.° 006989-2021.
Porque, al final del día, para un verdadero maestro no hay mayor satisfacción que el reencuentro con la cátedra. Tras un quinquenio en la alta dirección, José Niño se despoja del traje de autoridad para volver al establecimiento de salud docente al que pertenece: las aulas sanmarquinas de pregrado e internado del Hospital Nacional 2 de Mayo,
Ahí, como profesor de Oftalmología en el curso de Cirugía Humana, lo esperan los jóvenes que mañana velarán por la salud visual de los peruanos. Regresa con la mirada puesta en la docencia y la ilusión renovada para liderar el Comité de la Especialidad de Oftalmología en el Posgrado, la cantera donde médicos generales se forman durante tres años para convertirse en los especialistas que el país necesita. Su salida reafirma una lección básica de gobernabilidad: los cargos de elección son temporales y están supeditados al plazo conferido por la Ley.
La otra orilla y el pésimo ejemplo
La otra orilla tiene como protagonista a la profesora de Ciencias Contables, Jerí Ramón Ruffner, quien optó por la vía contraria: aferrarse al poder más allá del 25 de julio de 2026, fecha de vencimiento legal e improrrogable de su mandato.
A través de la Resolución Rectoral N.º 009470-2026-R/UNMSM —un documento emitido con su propia firma—, la rectora extendió su permanencia en el cargo de manera indefinida bajo la figura de una «encargatura» hasta que se elijan nuevas autoridades.
La paradoja central
La misma autoridad cuyo mandato expiraba indefectiblemente el 25 de julio es quien refrenda la resolución que le permite continuar en el poder, utilizando un mecanismo que ella misma gestionó y propició ante la Asamblea Universitaria, cuya convocatoria fue cuestionada por la oposición por permitir la participación de estudiantes con mandato vencido aunque prorrogado por la misma asamblea. Vea la Resoluciín que pone en entredichom la legalidad de la Ley Universitaria.
El costo de la prórroga: San Marcos a las puertas del tribunal
Más allá del profundo debate ético sobre la alternancia en el poder, la decisión de Jerí Ramón empuja a la Universidad Decana de América a un escenario de altísima vulnerabilidad jurídica. Al permanecer en el despacho tras el vencimiento de su periodo original, la gestión ingresa a un terreno sumamente inestable:
- Amenaza de Usurpación de Funciones: Opositores y sectores de la comunidad universitaria ya anuncian denuncias penales ante el Ministerio Público, bajo el argumento de que continuar ejerciendo atribuciones tras la fecha límite constituye un ejercicio indebido y punible del cargo.
- Cuestionamiento y Nulidad de Actos: Cada título profesional, grado académico, contrato, convenio o disposición presupuestal que lleve la firma de Jerí Ramón a partir de esta fecha corre el riesgo de ser impugnado en la vía contencioso-administrativa, bajo el reclamo de nulidad absoluta por falta de legitimidad de origen.
- Parálisis e Incertidumbre: La inevitable judicialización del rectorado no solo afecta la imagen histórica de la universidad, sino que amenaza con trabar gravemente la gestión operativa, económica y académica en los próximos meses.
Ocho Conclusiones
- Fractura ética y vacíos de conducta: El fin del mandato 2021-2026 deja al descubierto dos posturas morales irreconciliables en la alta dirección: la del vicerrector que honra la palabra y la ley dejando el cargo, frente a la de la rectora que instrumenta el aparato administrativo para perpetuarse.
- Uso Juez y Parte de la normativa: La firma de una resolución de autocontinuidad por parte de la propia beneficiaria quebranta el principio de neutralidad administrativa y sienta un nefasto precedente para la gobernabilidad universitaria en el Perú.
- Riesgo latente de nulidad en los actos institucionales: Todo documento, convenio o título firmado con posterioridad al 25 de julio de 2026 carece de la solidez legal necesaria, exponiendo a egresados y terceros a un estado de indefensión e incertidumbre jurídica.
- Vulnerabilidad penal por Usurpación de Funciones: La insistencia en ejercer el despacho rectoral vencido el periodo formal de cinco años configura un escenario idóneo para el inicio de acciones penales que comprometen directamente a la autoridad saliente.
- Dignificación de la labor docente: El retorno voluntario de José Niño Montero a la cátedra médica en el Hospital Dos de Mayo dignifica la función docente y demuestra que el verdadero prestigio académico no depende de la ostentación de un cargo directivo.
- Desgaste y parálisis de la Decana de América: La decisión de prolongar el mandato por la vía del acuerdo de fuerza sumerge a San Marcos en un clima de confrontación y parálisis administrativa que distrae a la institución de sus fines académicos e investigativos.
- Bajo el histórico manto de la Autonomía Universitaria —un derecho conquistado en la Reforma de Córdoba para proteger a la academia de injerencias externas y no para el beneficio de las autoridades de turno—, la Asamblea Universitaria desvirtuó el espíritu de la Ley N.° 30220. Al recurrir a interpretaciones forzadas e importar de manera errónea figuras de normativas ajenas, como la Ley del Servicio Civil, el máximo órgano de gobierno manipuló el marco legal vigente. Esta maniobra convierte un principio constitucional de protección institucional en un mero mecanismo de autoatribución para conservar el poder, sentando un peligroso precedente que distorsiona la esencia misma del autogobierno universitario.
- La judicialización como único camino: Ante el agotamiento de los mecanismos electorales internos y la falta de alternancia, la legalidad del gobierno sanmarquino ya no se dirimirá en las urnas ni en los pasillos del campus, sino en las salas de los tribunales de justicia.
