A partir del lunes 4 de enero del 2021, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, entre ellas Sedapal, podrán efectuar el cierre del servicio de agua a los usuarios que no hayan pagado dos a más facturaciones mensuales vencidas o un crédito derivado de un convenio de pago, según la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNASS-CD.
La medida no será aplicable a los usuarios sociales y domésticos beneficiarios de subsidios focalizados en 12 empresas de saneamiento, así como a aquellos usuarios domésticos cuyos consumos son menores o iguales a los 50 m3 en empresas que no aplican este tipo de subsidios.
La resolución no hace alusión a los usuarios no comprendidos en ambos supuestos como es el caso de aquellos que atraviesan problemas económicos de las categorías doméstico, comercial, estatal e industrial.
En un comunicado la Defensoría informó que supervisará a las empresas de saneamiento que decidan iniciar el corte de los servicios de saneamiento, a efectos que cumplan previamente con informar a los usuarios las mensualidades o las cuotas de fraccionamiento pendientes de pago, el monto adeudado de forma desagregada y los mecanismos de financiamiento -número de cuotas en que se podría fraccionar la deuda, las tasas de interés, los medios para solicitar el beneficio y los canales de pago disponibles-, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el organismo regulador.
Afirmó que si desde el Poder Ejecutivo no se empiezan a implementar medidas complementarias, que garanticen la continuidad del fraccionamiento de pagos por el servicio de saneamiento, existe el riesgo de afectar el derecho de la población al acceso al agua,
La Defensoría del Pueblo resaltó que durante la pandemia el sector eléctrico ha recibido subsidios indirectos tras la aplicación del Bono de Electricidad, el cual ayudó a un sector de la población en el pago de las deudas generadas durante el periodo de paralización económica, otorgando al mismo tiempo liquidez a las empresas eléctricas.
En ese sentido señaló que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento debe impulsar la aprobación de un bono para el sector saneamiento, que permita atenuar los pagos por el consumo de agua de aquellas familias en mayor condición de vulnerabilidad.
