miércoles, mayo 22, 2024
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Siete ensayos de la crisis en el país [opinión]

Siete ensayos de la crisis en el país

Por Guillermo Ruiz Guevara

1.La crisis político-partidaria

En Perú no hay partidos políticos, hay asociaciones de comerciantes de la política al servicio del mejor postor. Algunos de los partidos que tienen vigencia al año 2023, son vientres de alquiler para quien paga mejor. Prostitución plena de la política y la partidocracia, cuya prevalencia se acomoda en un circuito de “operadores”, entre los que funcionan desde individuos que influyen en sus barrios, centros poblados o sindicatos, al lado de periodistas, secretarios generales y opinólogos que se alinean según los intereses generados por oportunidades electoreras. Esto sirve para encubrir, acallar, mentir, difamar, apedrear o levantar la imagen del que financia la campaña de turno.

El partidarismo, en Perú, se valió del pensamiento de hombres que en su buena fe o en su sabiduría sobre el arte de los vínculos, propiciaron el activismo en los partidos. Destacan José Carlos Mariáteguí,

Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaunde, entre otros pocos hombres cuya solvencia existencial estuvo siempre por encima de las limosnas del poder. Cabe destacar, con otro estilo, pero con inteligencia política, a hombres como Luis Bedoya, Javier Valle Riestra, Alfonso Barrantes, Javier Diez Canseco o Henry Pease. En el espacio contemporáneo, desde los partidos vigentes, ningún nombre vale que sea citado. En todo caso, están en evaluación.

La topología de izquierdas y derechas solo marcó conflictos y brechas insalvables o curiosos enfrentamientos de vitrina, para le exportación. Pues la historia entre la plaza de Armas y la Plaza Bolívar está plagada de arreglos y negociaciones, a espaldas de los intereses nacionales, de la ciudadanía.

Los dirigentes de los partidos políticos fueron seducidos por el poder de los mercantilistas del sector financiero y de la gran industria, quienes hicieron de los presidentes, ministros, congresistas, jueces, fiscales, generales y funcionarios del Estado, sus sirvientes. Así, cualquier asomo que atente contra sus beneficios normativos para la banca, las inversiones en infraestructura, las concesiones o las explotaciones mineras es controlado. El poder económico hace leyes a su medida.

Así, no existen partidos políticos que sirvan a la ciudadanía, existen agencias del poder económico encargadas de cautelar sus intereses.

El hecho descrito no es para negar que el poder económico haga su parte, todo empresario lo hace, en cualquier parte del mundo. Eso se llama control de escenarios. Solo que aquí se les pasó la mano, aquí se hizo para apoderarse de todo sin piedad, aquí se hizo con la mano extendida de los politicastros, de los viejos políticos que enajenaron los bienes nacionales en favor de sus patrones.

En la podredumbre político-partidaria actual, es preciso que se ubiquen nuevos partidos. Quizás, que se obligue al Ejecutivo, al Congreso y al JNE para que se admita la inscripción de nuevos partidos, sin los exigentes requisitos actuales. Recuérdese que es el voto del ciudadano el que determina la vigencia de un partido; si obtiene menos del 5% de los votos pierde la inscripción. Sanción suficiente.

Corre febrero del 2023, el partido de la estrella obtendrá su reinscripción, luego que los

rdmismos viejos que lo lideran hoy, lo enterraron ayer. En nuevas elecciones en los próximos meses, no duden que lo enterrarán por segunda vez. En la actualidad, hay una marcada protesta desde los electores mayores a 40 años contra los viejos partidos; y los electores jóvenes tienen noticias de la nefasta trayectoria de las estrellas, las ollas, las letras del abecedario y toda la simbología de los partidos existentes. Se requiere de nuevos partidos, de nuevos líderes y de mayor participación ciudadana.

Los partidos son el ejercicio de la democracia, la práctica de la vida comunitaria en el debate partidario es el aprendizaje de idearios, propuestas, perfiles de dirigencia y visión de país. Los partidos son, deben serlo, el soporte programático de un proyecto nacional. En esto, no hay misión político-partidaria, ahora.

  1. La crisis de civilidad e identidad

La educación se empobreció, en todo sentido. Las remuneraciones de los docentes son exiguas, en razón del tempo, dedicación y producción que obliga el proceso de enseñanza y de evaluación; de otro lado, se observa que los ingresantes a la carrera magisterial no corresponden con perfiles de profesionales rigurosamente definidos. Las Facultades de Educación y los Institutos Superiores Pedagógicos no son centros de formación docente de calidad, menos de investigación. Las tesis de grado, mayoritariamente, no son aportes sustantivos al mejoramiento del servicio educativo. Y, en este marco, se carece de una Educación en Actitudes, con base neuro-psicológica, que es un capítulo superior a lo que fue la Educación Cívica; la que se eliminó del currículo escolar, lo que se convirtió en una barbaridad ejecutada por el fujimorismo de los 90. Tiempos en los que la Orientación y Bienestar del Educando (OBE) también fue eliminada, así como la presencia de psicólogos en las escuelas.

El conocimiento de las normas constitucionales, de las leyes relacionadas al desempeño ciudadano, del reconocimiento del calendario cívico y del sentido de las efemérides nacionales, los comportamientos fundamentales en la interacción social, la distinción de los símbolos patrios, todo esto fue anulado del diálogo con los escolares, eliminándose las bases del sentimiento de patriotismo. Las consecuencias son evidentes en los tiempos actuales, tras veinticinco años de ausencia en formación cívica, en formación de actitudes de valor.

La concepción de la identidad nacional fue avasallada por la falta de ejemplos, de hombres notables en la vida política e institucionalidad nacional. Así, se impuso la desintegración del dominio cultural. Las frases comúnmente utilizadas por los partidos políticos y los gremios, como “lucha de clases”, “izquierdas y derechas”, los extremismos y las polarizaciones, todo ello, solo sirvió para impedir el acercamiento y la afirmación comunitaria.

Es imprescindible instituir la Educación en Actitudes, preparar a los docentes para hacerlo y fortalecer el acto formativo. Inviértase en calidad de docentes, que se les acompañe con psicólogos en las escuelas y que se asimilen neurólogos para que en conjunto con los educadores se diseñen estrategias de desarrollo fisio-psico-pedagógico reformulando el acto formativo por uno que produzca seres autónomos, críticos y equilibrados en su realización personal e identidad nacional.

Todo lo anterior deberá enmarcarse en un proyecto nacional compartido por todos los actores de la sociedad peruana, por una Agenda País, del país que todos anhelamos y compartamos con orgullo.

  1. La crisis de unitarismo y peruanidad

En Perú se vive ausentes de las ideas y de los conceptos mínimos de ayuda entre todos, una práctica que en el incanato se ejercía y aún existe en las comunidades campesinas. La carencia de ciudadanía, de igualitariedad, es la carencia de reconocimiento al vecino, es la pérdida del sentido de colaboracionismo, de solidaridad; es el hegemonismo de sectores poblacionales que no reconocen otras formas de pensar, de ver la tierra, el arte, la alimentación. Lo que se amplía y hace crisis cuando las “izquierdas” no comprenden que las “derechas” tiene su forma de apreciar las cosas, pero estos, los de la “derecha” tampoco comprenden que las “izquierdas” tienen su propia manera de entender las relaciones interculturales. Los unos no entienden a los otros y, por añadidura, los desconocen o los ningunean o hasta los desprecian.

El sentido de unión debe propiciarse, educarse y adoptarse como medio esencial para construir la peruanidad en un territorio multicultural.

La invocación de lo plurinacional no aporta al sentimiento de unidad, cuando, reconociendo lo pluri o multicultural ha de reforzarse el sentido de unión, de unidad nacional, de una sola nación. Solo así se alcanzará el sentido de peruanidad.

Foto: JNE

4.La crisis de la calidad empresarial

El empresariado no es el mejor ejemplo. Si bien hay iniciativas empresariales valiosas, por la calidad de sus gerencias y de sus productos como servicios, la mayoría de sus miembros están tildados por el común denominador de la evasión, la corrupción, el chantaje, el empleo abusivo y prácticas ilegales de relación con el Estado.

La Ley de procedimientos administrativos no contenciosos se dio para “ayudar” a las grandes empresas a no pagar sus impuestos. Más barato es adeudar a la SUNAT y utilizar el dinero en nuevas inversiones para revalorar sus activos, para que luego de decenios de prórrogas y dilataciones hasta llegar a demandas por ante el Tribunal Constitucional, se abonen las deudas tributarias con un máximo de 6% de interés anual. Ley suscrita por el fujimorismo de los 90 y que ningún congresista posterior se atrevió a cambiar y ningún periodismo de investigación critica.

Los gremios empresariales, luego de conocerse la corrupción de sus miembros, en CAPECO o en la CONFIEP, instalaron comisiones de ética y sanción, las que fueron solo pantalla para las tribunas. Quizás se hubiesen quedado sin socios si sancionaban a los que se portaron mal.

Los monopolios abundan; y los que pertenecen a los banqueros son los que mejor se benefician en cada “crisis” política en el país. Los banqueros son dueños de las principales cadenas de farmacias, del suministro de alimentos, gasolina, gas, entre otros. Entonces, para ellos es bueno que la gente esté enferma, que los alimentos suban de precio indiscriminadamente y aprovechen cada barrabasada de los gobernantes, que las pistas no se arreglen y el tráfico sea un caos para que los carros quemen más

combustible. Y siguen ejemplos para escribir decenas de páginas, de cómo los banqueros hacen de la tragedia ciudadana una oportunidad para ganar más dinero. Y no olvidar a la gran minería formal que exporta polimetales, es decir, piedras cuya ley mineral nadie controla y no hay laboratorio que lo haga.

Y los microempresarios aprendieron del mal ejemplo de los “grandes”. Al observar el comportamiento de estos y de sus encadenamientos con los gobiernos de turno, muchos de ellos optaron por sumarse a la miserable práctica ilegal. Producen con esfuerzo y dedicación, pero evaden, mal pagan a sus operarios e ingresan a los amarres con FONCODES, donde las compras estatales están corrompidas con la colaboración desde el interior del Estado.

Los costos de los productos del mercado peruano están inflados para pagar a los fiscalizadores, a los funcionarios de gobierno, a los jueces, a los policías y a cuanto individuo “percibe” una contribución para dejar hacer, dejar pasar.

El empresariado peruano no es neoliberal ni liberal ni capitalista, es, simplemente, mercantilista, mayoritariamente es un abusivo que hace de los políticos y de los jueces sus cómplices, sus sirvientes.

Mientras los malos empresarios esclavicen a la prensa con la publicidad y las noticias se manipulen para ocultar sus maniobras, será difícil que se conozca de sus prácticas abusivas y fórmulas para transferir sus márgenes, que son muy altos, y, por ejemplo, favorecerse con “donaciones” que son una estrategia para evadir impuestos.

Lamentablemente, la empresa peruana es una parte principal de la crisis nacional.

  1. La crisis de gobernabilidad

La relación entre los gobernantes y los gobernados se reduce a oportunidad de empleo, así lo toma la militancia de los partidos. Los electores, mayoritariamente, eligen motivados o recreados por la imagen del candidato o entusiasmados por las promesas, las que nunca son analizadas o verificadas en su viabilidad, tampoco se evalúan si son decires para convencer manipulando al elector.

En los procesos eleccionarios de los últimos tiempos, todos los candidatos prometen luchar contra la corrupción; sin embargo, “En los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de 2.000 alcaldes y alcaldesas han sido vacados, procesados, sentenciados o se han fugado por abiertos actos de corrupción”, citado por el Premier Salvador del Solar, en junio del 2019, en el Congreso de la República.

Y, “En los últimos 20 años, 18 alcaldes distritales limeños fueron vacados y suspendidos por faltas o delitos”, publicado por El Comercio, en septiembre del 2022.

De los gobernantes nacionales, todos los que ejercieron la Presidencia desde mediados de los 70, del siglo pasado, están procesados o sentenciados, por juzgados locales o extranjeros.

Incluso, quien en este momento (febrero, 2023) ejerce la Presidencia será acusada por ante cortes nacionales e internacionales, sea que renuncie hoy o se retire del gobierno en otra fecha, próxima. Y, es de preverse que será sentenciada, aunque todos los que la retienen en el poder, hoy, le ofrezcan apoyo.

La crisis de gobernabilidad se extenderá si subsisten las agencias electoreras actuales, en tanto prevalezcan los viejos sinvergüenzas que presumen de infinitos palaciegos, mientras los sicarios de la prensa pugnen por el dinero del erario, si se imponen los adictos a vicios que con espíritu de sirvientes llegan a cargos públicos, sea en los juzgados, en el Legislativo o en el Ejecutivo. Ya es hora que se incluya un examen toxicológico y de ludopatías a los que pretenden cargos en el Estado, para impedir que contaminen la gestión del servicio al ciudadano.

  1. La crisis de valoración por el prójimo

El respeto al prójimo se convirtió en la burla permanente con que se tratan los unos con los otros. La conducta corriente es la “chapa”, es el apodo perverso; pareciera que la ignominia relacional es la forma corriente de conversar, de referirse al prójimo.

“Habla bien de la gente”, con seguridad, fue la única expresión y ocasión con que un político promovió comportamientos razonables entre los vecinos, en el distrito de Los Olivos, del año 2000 al 2014, con un nuevo intento habido del 2019 al 2022.

En la escuela, la conducta de los niños es el eco de la conducta de los adultos. La burla entre escolares es el reflejo de las formas relajadas en que sus padres se tratan con sus pares y lo que la farándula chusca de la TV propicia.

El dolor por la tragedia ajena se perdió, la indolencia se instaló en las personas, vía las excesivas muestras de delitos ofrecidas por los noticieros de los medios. La gente absorbió la ausencia de valor por el dolor ajeno, adormeció la piedad ante la víctima.

El irrespeto explosionó, es así que la desconsideración por el prójimo se lució en el Congreso de la República. Ya era evidente su existencia, de manera hipócrita y con rumoreo malicioso, hasta que un congresista vomitó su racismo burlándose de la bandera del Tahuantinsuyo, que podría ser falso su empleo por los incas, pero, en todo caso, la adoptaron los puneños, los cusqueños, los apurimeños, como los quechuas y los aymaras peruanos, como los bolivianos, chilenos y argentinos.

La burla ante el prójimo es la demostración de la pobreza intelectual y de la carencia de racionalidad para respetar a quien es diferente, que puede serlo por su educación, por su economía o por el lugar donde vive, pero no por su humanidad y este valor superior debe respetarse.

  1. La crisis de institucionalidad

La toma del Estado, la estafa de los organismos supervisores y el clientelaje político son los factores que deterioran a los organismos que debieran servir a la ciudadanía. Perú no tiene un Gobierno respetable y tampoco un Estado que cumpla como organismo de servicio a la sociedad.

El Estado fue tomado por el empresariado, vía el disfraz académico de unas pocas universidades locales, se hicieron de los principales ministerios, el de Economía y Finanzas (MEF), el de Producción (PRODUCE), el de Energía y Minas (MINEM), el de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), lo que comparten y usufructúan con cotos de poder repartidos con la caviarada o grupos de izquierda progre, en tanto no se pisen los talones. Para estos, quedan las decisiones y los manejos de los ministerios del sector social, como el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), entre otros.

De otro lado, los organismos supervisores, creados durante el fujimorismo, están dedicados a dos cuestiones principales, una es supervisar en favor de los intereses de las empresas supervisadas y en perjuicio de los consumidores de luz, agua, energía y transporte; la otra es ofrecer puestos laborales a sus aliados, cuando no son las mismas empresas supervisadas las que albergan a los hijos, sobrinos, amantes y amiguísimos de los politiqueros de turno.

Desde siempre, durante la vida republicana, pero cada vez con mayor alevosía, los partidos políticos que llegan al gobierno incorporan nuevos puestos en los ministerios, organismos descentralizados, superintendencias y cuanta oficina estatal existe.

El número de gente que labora para el Estado es excesivo, para los gobernantes, los impuestos sirven para eso, lo que, por cierto, al empresariado poco le interesa, pues igual lo trasladan como costo a los productos o servicios que ofrecen.

Las planillas del Estado absorben el mayor presupuesto nacional, sin un retorno útil para el desarrollo del país, solo gasto corriente convertido en compras de alimentos, combustible, vivienda, salud y pago de deudas a la banca; sin margen para ahorrar, para invertir o realizarse a mayores niveles productivos. No, esto no es parte del modelo; solo que sean consumidores, deudores y esclavos del poder económico.

El gobierno peruano es un desorden que cada día está peor, los funcionarios cambian y los proyectos más su inversión se despilfarran o están truncos por falta de continuidad y calidad profesional. El Estado es inoperante, es un elefante (literal, como repiten los jóvenes), cuya estilo de gestión solo sirve para crear problemas y ”cobrar” por las soluciones que los funcionarios corruptos aprovechan.

El rio revuelto solo les sirve a los pescadores, el estado de cosas en el país solo les sirve a los titiriteros que desde el poder económico manipulan las condiciones del país y se benefician.

Se requiere de un Gobierno y de un Estado sólidos, con profesionalismo e idoneidad para la gestión del servicio a la ciudadanía. Solo cuando esto ocurra, habrá la viabilidad de un país que crezca, se desarrolle y provea bienestar a la población. Por ahora, no es posible.

 

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