La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tenía prevista admitir la denuncia constitucional por supuesta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, no pudo sesionar este viernes por falta de quorum. Solo respondieron al llamado seis congresistas, dos menos que el mínimo requerido.
Durante la reunión preparatoria, la representante del fujimorismo, Martha Moyano, interrumpió en varias oportunidades la reunión en busca de dar validez a una sesión que no contaba con el quorum de ley. Para dicho efecto intentó que no se considere las licencias de tres congresistas (Jerí Oré, Pariona Sinchi y Acuña Peralta), lo que fue inmediatamente aclarado por el Secretario Técnico, a solicitud de la presidente del Grupo de Trabajo.
“Lamentamos la inasistencia de los señores congresistas, por lo que vamos a dar por suspendida la sesión. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, miles de bendiciones para todos, nos encontraremos el día lunes”, afirmó la congresista de Alianza para el Progreso, Rosio Torres Salinas. A lo lejos se escuchaba la voz de la legisladora Moyano, quien buscó hasta el final, la no suspensión de la sesión.
“Impertinente, inconstitucional y delictivo”
En opinión del jurista Guillermo Olivera Díaz, el trámite actual del antejuicio al presidente Castillo, por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución; y por la probable comisión del delito de Traición a la Patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y en el artículo 78 (numeral 27), del Código de Justicia Penal Militar, “es impertinente, inconstitucional y delictivo”, en otras palabras, “una forma de tomar el poder sin elecciones”.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, y realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo un informe final.
Tal como está la distribución de fuerzas, los partidarios de quitar de la presidencia a Pedro Castillo no tendrían problemas para aprobar la admisibilidad y luego del cumplimiento de los pasos establecidos, emitir un informe en contra del jefe de Estado.
Sostuvo que “Y si la Comisión Permanente y luego el Pleno del Congreso son del mismo parecer, se echaría del cargo al mandatario denunciado. Contra los votos de la mayoría no existen razones que valgan”,
En este trámite no se requieren 87 votos sino muchos menos, ya que los integrantes de la Comisión Permanente no votan en el Pleno.
“El presidente Castillo, parece esperar defenderse cuando esté ya preso y fuera de Palacio. El jefe del Gabinete y el ministro de justicia Yldefonso Narro observan en silencio desde algún balcón. ¡La DBA no perdona!”, agregó.
