En un comunicado público, Telefónica del Perú aseguró que tiene la mejor predisposición para respetar lo que dispongan las instituciones competentes, en lo que se refiere a la disputa que mantiene con el Estado peruano sobre cuestiones tributarias.
El pronunciamiento se produce poco después que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunciara la disposición de la española Telefónica, el mayor grupo del sector con operaciones en América Latina que opera en Perú desde 1994, de sanear las deudas que tiene con el Estado peruano.
l.a información de la multinacional señala lo siguiente. “Telefónica del Perú tiene la mejor predisposición para resolver este asunto, y respetará lo que dispongan las instituciones competentes. En esa línea, la empresa reitera que cumplirá con las resoluciones que se emitan en relación con las disputas, y además continuará con su plan de despliegue de fibra y seguirá prestando los servicios de telecomunicaciones que tiene concedidos en beneficio del desarrollo del Perú”.
Además admite que “desde hace más de 15 años, Telefónica del Perú mantiene una disputa con el Estado Peruano sobre cuestiones tributarias, que se viene tramitando ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales”.
Deuda impaga
La Procuraduría de la Sunat, representado por el abogado Reynaldo Bustamante, en febrero del año pasado informó que a esa fecha, la empresa Telefónica del Perú no ha pagado ni un sol de los 729 millones de soles de impuestos por los que el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado a su favor y usó ese dinero en generar mayores ingresos para su beneficio, sostuvo el abogado de la Procuraduría de la Sunat.
Reynaldo Bustamante consideró “insólito” que se genere esta deuda, compuesta por impuestos e intereses moratorios, y que no se pague nada al Estado peruano luego de tantos años.
Aseguró que la empresa se ha beneficiado porque ha sabido aprovechar el capital que no ha pagado para reinvertirlo y obtener más ganancias para sus arcas.
A criterio de Bustamante, esta es una maniobra que suelen utilizar las grandes empresas para dilatar los procesos de cobranza y beneficiarse de ingentes montos de impuestos que dejan de pagar para capitalizarlos.