La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Jerí Ramón, reafirmó la urgencia de convertir a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en un órgano autónomo y que sus integrantes sean elegidos por voto universal a cargo de las universidades públicas y privadas.
“No es una cuestión política sino defender la calidad de la educación para todos, especialmente para los más necesitados”, aseveró al tiempo de negar que la decisión afecte la calidad de la educación o se pretenda regresar al pasado como cuando estuvo en funciones la Asociación Nacional de Rectores (ANR).
“En primer lugar lo que se quiere es que se devuelva la autonomía a las universidades para no depender del Ministerio de Educación. Yo creo que este es el punto fundamental que está sustentado en el artículo 18 de la Constitución Política”, señaló la autoridad máxima de la universidad decana de América.
La rectora de San Marcos explicó que es necesario que la Sunedu sea conformada por siete miembros, dos representantes nombrados por las universidades públicas, uno por la universidad privada, uno por Concytec, uno por Sineace, uno por el Ministerio de Educación y el último por la Junta Nacional de Decanos.
Por su parte, el congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación del Legislativo, sostuvo que con el proyecto de ley de autonomía universitaria no se está buscando retroceder sino por el contrario fortalecer a la Sunedu y otorgarle autonomía y pluralidad ante los gobiernos de turno.
De acuerdo al mandato de la Ley Universitaria, el Consejo Directivo integrado por siete miembros es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU.
Es presidido por el Superintendente de la SUNEDU, funcionario que es designado mediante resolución suprema a propuesta del ministro de Educación por un periodo de tres años, pudiendo ser renovada su designación por un periodo adicional.
El segundo integrante es un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología Innovación Tecnológica (CONCYTEC), con un nivel no menor de Director General.
Los otros cinco miembros son seleccionados mediante concurso público. Dos son docentes provenientes de universidades públicas y uno de universidad privada. Los otros dos seleccionados son personalidades que cumplan con los requisitos que establece la ley.
Esta composición, que está íntegramente en manos del Ministerio de Educación y de la Presidencia del Consejo de Ministros, es inconcebible”, opinó el titular de la Comisión de Educación del Legislativo.
