La máxima instancian administrativa universidad aplicó ocho sanciones pecuniarias a la Universidad San Martín de Porres equivalente a S/8,6 millones e inició un proceso de vacancia contra el rector de esa casa superior de estudios, el exministro de Educación y expresidente del Consejo de Ministros durante el 2do. gobierno de Alan García, José Antonio Chang Escobedo, por permitir “un incumplimiento sostenido de las disposiciones contenidas en el estatuto y la normativa vigente”.
De acuerdo a fuentes de la SUNEDU citadas por El Comercio, –entre los años 2013 y 2018– la USMP realizó una serie de operaciones irregulares con siete empresas vinculadas y un fondo de inversión extranjero sin acreditar que se ejecutaron con fines educativos, tal como lo establece la Ley Universitaria por más de S/293 millones.
Los actos
El 20 de diciembre pasado, la Sunedu inició un proceso administrativo sancionador a la USMP tras auditar sus estados financieros e identificar préstamos e inversiones con sus subsidiarias, los cuales habrían afectado “significativamente” el monto total de excedentes obtenidos. La normativa vigente establece que los excedentes de las universidades privadas asociativas –como la San Martín– deben ser reinvertidos en infraestructura, equipamiento e investigación, entre otros rubros.
Las siete subsidiarias involucradas eran: Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S.A.; LC Busre S.A.C.; Tambo Hotel y Restaurante S.A.C.; colegio Rita Castro Ramos; Promotora Educativa USMP S.A.C.; Editora La Crónica S.A.C.; Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. Asimismo, está el fondo Latin Lease LTD.
Para iniciar el proceso, la superintendencia consideró que la USMP habría infringido el numeral 3,1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria: “Utilizar directa o indirectamente los activos de las universidades privadas para fines distintos a los universitarios”. Esta infracción es considerada “muy grave”. Casi ocho meses después, la Sunedu resolvió el procedimiento sancionador.
El diario El Comercio accedió a los detalles del Informe Final de Instrucción 019-2019-Sunedu/02-14, que fue ratificado en julio último por el consejo directivo de la entidad. Allí se determinó la imposición de una multa para la USMP por un total de S/8’614.928, al advertirse “la ausencia de una conducta diligente y responsable respecto a la gestión de sus activos”, pese a que se encontraba en una situación de “déficit constante”, tenía dificultad para el cobro de deudas, no pactó garantías ni intereses y las operaciones no le generaron rentabilidad alguna.
Según la superintendencia, los activos utilizados entre el 2013 y el 2018 sumaron S/293’726.216, que “pudieron destinarse a otras actividades que sí contribuyeran a una finalidad universitaria”. Asimismo, se detectó un impacto en la generación de excedentes hasta por S/41’778.000.
Solo en el caso de la empresa LC Busre S.A.C., razón social de la aerolínea LC Perú (a la cual, en noviembre del 2018, Indecopi declaró en insolvencia por una deuda de casi US$6 millones), la Sunedu estableció que le realizó préstamos para el pago de proveedores y remuneraciones a través de “contratos no escritos”, sin que estos generaran intereses. Al 2018, la inversión acumulada en esta subsidiaria llegó a S/123’433.000.
La USMP también realizó inversiones en el Club Deportivo Universidad San Martín de Porres (al 2018 acumulaban S/120’777.000); la Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. (S/19’970.000); y Tambo Hotel y Restaurante S.A.C. (S/11’775.000). De acuerdo con la Sunedu, los informes que debían acreditar que estos movimientos tenían fines educativos “no se encuentran respaldados por medios probatorios de fecha cierta”, sino que “fueron elaborados a raíz del procedimiento administrativo sancionador”.
En esa línea, la entidad concluyó que las operaciones en cuestión no fueron autorizadas por el consejo directivo de la universidad, y que el rector José Antonio Chang Escobedo –como responsable de la gestión económica– “permitió un incumplimiento sostenido de las disposiciones contenidas en el estatuto y la normativa vigente”, lo que “constituye una causal de vacancia”, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Universitaria. Por ello, ordenó que la casa de estudios inicie el proceso para vacarlo, además de presentar un plan de acciones para recuperar los montos involucrados.
