La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional («CPI» o «la Corte») emitió este viernes órdenes de arresto para Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación de Rusia, por ser presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de población de niños de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma).
Con ésta decisión, “la CPI ha convertido a Putin en un hombre en búsqueda y ha dado su primer paso para acabar con la impunidad de los responsables de la guerra de Rusia contra Ucrania”, comentó Human Rights Watch, organización de derechos humanos conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo.
La misma orden y por el mismo delito afecta a la señora Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa-
Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022.
“Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”, señala la Corte.
El mismo texto se aplica para la señora Maria Alekseyevna Lvova-Belova, nacida el 25 de octubre de 1984.
La Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos.
La Sala consideró que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación.
No obstante, agregó, consciente de que la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad que establezca la Sala.
Las órdenes de detención antes mencionadas se emitieron de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023.
La Corte
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998.
La corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
Veinte años después de la adopción del Estatuto de Roma, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia. Pero también ha atravesado retrocesos, y a medida que proliferan las crisis de derechos humanos asociadas con delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores.
