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OSITRAN: Concesionarios piden suspensión de algunas obligaciones

Empresas concesionarias de infraestructura de transporte (OSITRAN).

Empresas concesionarias de infraestructura de transporte (17 de las 32 supervisadas) solicitaron la suspensión de sus obligaciones por causa de fuerza mayor, informó la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión de las Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano.

Dos de las empresas solicitantes mencionan como causal de la suspensión de sus obligaciones la pandemia y el resto considera como hecho de fuerza mayor la emisión del decreto de urgencia que declara el estado de emergencia en el país.

La titular del Organismo Regulador explicó que, teóricamente, un caso de “fuerza mayor” es un evento extraordinario, impredecible, que a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, coloca al concesionario en una posición de incumplimiento, aún, cuando la pandemia entre en esta calificación. Aclaró que se revisará cada solicitud y que se requerirá que en los alegatos, los concesionarios “acrediten cómo sus obligaciones se han visto impactadas directamente”.

Foto: OSITRAN
Foto: OSITRAN

Intención de llevar al Perú a arbitrajes

Respecto a la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia, la presidenta del Ositrán manifestó que a la fecha hay la intención de un concesionario de red vial de efectuar un reclamo ante un tribunal arbitral como consecuencia de esta ley.

Señaló que otros dos concesionarios han indicado que “se reservan el derecho de invocar a cualquier medio contractual previsto en el contrato y también adoptar las acciones legales que se consideren”. Y otros, agregó, están instando al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a tomar las acciones necesarias en el caso.

El último miércoles, El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31018, que suspendió el cobro de peajes a nivel nacional. Uno de los argumentos centrales que señala la Procuraduría es que la ley aprobada modifica los términos previstos en los contratos de concesión, contraviniendo el artículo 62 de la Constitución.

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