Afganistán: es la quinta ejecución en público en desde que los talibanes recuperaron el poder el 2021
El régimen Talibán ejecutó en la ciudad de Sheberghan a Nazar Muhamad, condenado por haber apuñalado a muerte a un hombre en enero de 2022, confirmó en un comunicado la Corte Suprema de Afganistán.
El hombre fue abatido de cinco tiros por la espalda frente a la familia de su víctima – incluyendo mujeres y niños- y a miles de personas que se congregaron en un estadio, detalló un funcionario de la administración provincial.
La ejecución se concretó pocos días después de otras dos realizadas en las mismas condiciones.
Con esta acción suman cinco las ejecuciones en público en Afganistán desde que los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, después de dos décadas de intervención occidental.
El pasado jueves dos hombres fueron ultimados en las mismas circunstancias en Ghazni, en el este del país.
Una primera ejecución pública se produjo en diciembre de 2022 en la provincia de Farah, en el oeste del país.
Las autoridades también procedieron a flagelaciones públicas por otros delitos, como el robo, el adulterio y el consumo de alcohol.
Las ejecuciones públicas eran habituales bajo el primer régimen de los talibanes, entre 1996 y 2001. Los condenados eran ejecutados a menudo a tiros o por lapidación, según los crímenes.
La administración talibana en Kabul, no reconocida oficialmente por ningún otro Gobierno, ha decidido hacer aplicar su visión rigorista de la ley islámica.
El líder supremo Hibatulá Akhundzada ordenó en ese sentido a los jueces en 2022 cumplir plenamente con todos los aspectos de la “sharía”, incluyendo la ley del talión.
Amnistía Internacional
Hace dos días, a raíz de la doble ejecución pública realizada la semana pasada, Livia Saccardi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno afgano.
“Nos oponemos a todas las ejecuciones porque son una violación del derecho a la vida. Los talibanes las efectúan en público repetidamente, lo que constituye una grave afrenta a la dignidad humana, así como una violación del derecho y las normas internacionales que no se puede consentir.”, se lee en el pronunciamiento.
Amnistía Internacional reiteró que “las autoridades de facto talibanas deben detener de inmediato todas las ejecuciones y abolir la pena de muerte y otras penas crueles, inhumanas o degradantes. Las ejecuciones en público agravan la crueldad inherente de la pena de muerte y ejercen un efecto deshumanizante en la víctima y embrutecedor en quienes las presencian. Mientras tanto, la protección del derecho a un juicio justo bajo las autoridades de facto talibanas sigue siendo altamente preocupante.”
“Nos oponemos a todas las ejecuciones porque son una violación del derecho a la vida”, señaló la directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional.
Agregó que “Ya es hora de que la comunidad internacional y la ONU aumenten la presión sobre las flagrantes violaciones de derechos humanos que cometen los talibanes y contribuyan a garantizar el respeto de las salvaguardias internacionales en Afganistán.”
Información complementaria
El 22 de febrero, los talibanes realizaron una doble ejecución pública en un estadio de la ciudad de Gazni, en el sureste de Afganistán, donde miles de personas presenciaron el fusilamiento de dos condenados a manos de los familiares de sus víctimas.
Los dos ejecutados eran Syed Jamal, de la provincia central de Wardak, y Gul Khan, de Gazni, al parecer responsables de apuñalar hasta la muerte a dos personas, en dos ataques independientes. El departamento de Cultura e Información de la provincia de Gazni declaró en un comunicado que la decisión se tomó de acuerdo con el decreto del líder talibán Haibatullah Akhundzada y las sentencias de tres tribunales.
Amnistía Internacional ya había condenado previamente la reanudación de las ejecuciones públicas en Afganistán tras el ascenso de los talibanes al poder.
El año pasado, en su informe anual sobre la pena de muerte, Amnistía Internacional documentó el mayor número de ejecuciones judiciales registradas en todo el mundo desde 2017.
A día de hoy, 112 países han abolido totalmente la pena de muerte y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica. La organización lleva desde 1977 haciendo campaña en favor de su abolición total.
