por Gustavo Romero Umlauff ()
La obstinación de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y aquellos otros secuaces para mantenerse a toda costa en el poder en Venezuela obedecen, no a cuestiones doctrinarias, sino a propósitos subalternos para conseguir hartos provechos y ganancias, claro está, monetarias.
Sin duda ello tendría mucho sentido si fuese un país con riqueza desbordante; pero la nación llanera convertida -ahora- en una economía de mera supervivencia y sumida en la mayor ruina, donde la falta de medicinas, alimentos y servicios básicos para el ciudadano y donde la altísima delincuencia y asfixia financiera por parte de la comunidad internacional la ha llevado a su total parálisis, la explicación de aquella no pueda ser otra que el caudal para hacerse de alguna fortuna provendría de la clandestinidad de los negocios de los jerarcas y no propiamente de las inversiones de capital o del febril despegue de los negocios bancarios.
De ahí que, gracias al extraordinario acceso a documentos ultrasecretos del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebín) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que ha tenido la revista colombiana “Semana”, podamos entender con mejor certeza los negocios de los jerarcas venezolanos.
En efecto, bajo el título “Manguala contra Colombia”, esta revista ha publicado una exhaustiva investigación donde se revela los vínculos de las disidentes fuerzas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con estamentos del régimen de Nicolás Maduro y de sus Fuerzas Armadas, así como la real protección que gozan dentro del territorio venezolano y colaboración logística por parte del régimen chavista para embestir zonas concretas del país cafetalero y desviar los ejercicios militares a otros terrenos para que puedan concretarse las rutas protegidas para el paso de la droga.
En este infame apoyo, entrenamiento y amparo a los grupos terroristas colombianos por parte de las fuerzas armadas de Venezuela no viene precedida sólo por un ánimo belicista y un incierto plan expansionista de la fallida doctrina del “Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez, sino de obtener un beneficio concreto y específico que les permita tener un rédito económico para seguir en el Poder.
De ahí que el presidente de Colombia, Iván Duque, se dirigiera -hace unos días- a los ciudadanos de su país en reacción al anuncio de los miembros de la disidencia de las FARC en el que anunciaban que retomaban las armas y que no se estaba ante “el inicio de una nueva guerrilla sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”.
Coincido plenamente con las declaraciones del presidente Duque que la ayuda, incluso logística, y no sólo de refugio a aquellos terroristas, tiene el propósito de crear rutas resguardadas para el narcotráfico que, a decir de algunos analistas, ha permitido establecer una perversa alianza con las huestes de Maduro y obtener los beneficios económicos que las arcas de su país ya no se lo permiten.
Aquí no hay ideología “socialista” que se pretenda imponer en la Región sino un modelo de supervivencia de una mafia de la droga que viene contando con el auspicio y complicidad de los jerarcas chavistas. La cúpula insiste no sólo en un proyecto político comprobadamente fallido sino también en la instalación de un régimen de pandillaje subvencionado por el narcotráfico.
El componente del régimen de Maduro es la decisiva marcha hacia una bien administrada refriega entre las fuerzas armadas colombianas y el terrorismo de las FARC y ELN para asegurarse el paso de los estupefacientes por suelo venezolano.
El pronóstico del desenlace es aún muy incierto y, evidentemente, comprometerá la seguridad no sólo del país cafetalero sino, además, de las naciones de la Región; de manera que la acción política de los países integrantes del Grupo de Lima no será suficiente con la diplomacia sino, además, evaluarse ya el apoyo logístico de las fuerzas armadas de los Estados fronterizos para impedir se siga expandiendo el temible gobierno de la droga.
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