Un grupo de expertos de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos instó hoy lunes a Perú a ratificar el “Acuerdo de Escazú”, el primer tratado regional en materia de medio ambiente del mundo.
El pacto cuenta en la actualidad con veintidós firmas y ofrece, a decir de Anita Ramasastry, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, garantías de buena gobernanza medioambiental, así como de respeto a las garantías fundamentales y que servirá para impulsar el desarrollo sostenible y la conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe.
Por ello, instó al Gobierno peruano a dar “el próximo paso vital hacia adelante” a través de la ratificación del tratado, que estuvo en fase de negociación durante seis años hasta lograr un entendimiento en marzo del 2018.
Perú firmó el Acuerdo el 28 de septiembre del 2018 y actualmente se encuentra en fase de ratificación por parte del Congreso. Hasta le fecha 22 de 33 países lo han firmado y tan solo nueve lo han ratificado (se requiere 11 para que entre en vigor).
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas está integrado por cinco expertos independientes de representación geográfica equilibrada. Ellos son Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (vicepresidente), Anita Ramasastry (presidenta).
Foto: spdaorg
El debate en Perú
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso abrió hoy el debate sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, con la exposición de diversos especialistas, entre ellos el experto internacionalista de la Universidad del Pacífico, Alonso Gurmendi Dunkelberg, quien mencionó que el acuerdo busca fijar estándares mínimos para que la población acceda plena y efectivamente a tres derechos: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.
Gurmendi aseveró que nuestra Amazonía no está en riesgo porque la palabra “Amazonía”, el término “patrimonio común de la humanidad”, y el término “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, no figuran en el Acuerdo de Escazú; por tanto, el acuerdo no cercena nuestro territorio y no nos quita la soberanía del Amazonas.
“El acuerdo no nos coloca a merced de otros países”, indicó, y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es opcional. Recordemos, dijo, la obligación que el Perú asume con el acuerdo es asegurar, mediante legislación, que se garanticen los tres derechos fundamentales que nuestro ordenamiento ya reconoce.
El internacionalista Javier González-Olaechea Franco afirmó que con este acuerdo se crea una nueva categoría de derechos humanos, los derechos humanos ambientales. “Por eso hay que oponerse al tratado porque advierte serios riesgos”, afirmó.
Gilmer Trujillo Zegarra insistió con los diversos expositores en saber si tanto la gestión y el análisis del acuerdo “se ha llenado mucho de ideología”. El único expositor en contestar la interrogante fue Gurmendi, quien sostuvo que, al no haber una correlación entre el texto y la pérdida de soberanía, planteó que los reclamos son ideológicos.
Javier González-Olaechea Franco fue contundente al decir que estamos frente a un acuerdo contrario a los intereses nacionales y planteó su desacuerdo a que se abran “ventanitas” porque en el fondo esto es “una reforma constituyente al ratificar un tratado internacional que el propio secretario general declara como nuevo y vinculante” (en el prólogo del acuerdo).
Seguidamente, dijo que uno, el proyecto está viciado de origen, no tiene una sola firma de un ministerio que no sea el de Ambiente. “se borró de plano ocho ministerios”; dos, plantea disposiciones que son fácticamente imposibles de cumplir; tres, viola la Constitución, la vulnera al disponer nuestros recursos naturales, y que se le exija al Ejecutivo retire su firma del acuerdo porque nunca fuimos informados,
Vías alternas
La presidenta ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Isabel Calle Valladares, manifestó que es importante resaltar algunos puntos del acuerdo, como, por ejemplo, insistir en que es producto de un proceso transparente, dialogado y participativo.
Calle Valladares insistió en que, si se ratifica o no el acuerdo, tenemos obligaciones establecidas ya en el pacto de San José, y es falso de que el Acuerdo de Escazú señale que el país será sometido a cortes internacionales, como el de La Haya, para la resolución de conflictos. “Los conflictos asociados al acuerdo se seguirán resolviendo en las vías internas”, aseguró.
