Alberto Fujimori puede abandonar hoy el penal de Barbadillo
Alberto Fujimori. En una resolución aprobada este martes, el Tribunal Constitucional abrió las puertas del establecimiento penal Barbadillo para el condenado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, Alberto Fujimori, quien recupera su libertad merced al indulto y derecho de gracia por razones humanitarias otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El motivo: el TC no reconoce la competencia de la Corte IDH para establecer como no ejecutable la sentencia que liberaría a Fujimori.
La decisión que tiene tres votos favorables mas el voto dirimente del presidente del TC, señala textualmente:
“Declarar FUNDADO el recurso de reposici6n en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ORDENA que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director de! Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”.
En un segundo punto, la decisión del TC señala:
“Llamar severamente la atención al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.
Alberto Fujimori: el argumento del TC
Para el fundamento de su decisión, el TC cita el artículo 65 de la Convención Americana, el cual prevé lo siguiente:
«La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos».
“Conforme a este texto, señala el TC, el incumplimiento de un Estado a lo ordenado en una sentencia de ese tribunal internacional lo faculta a informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) de este hecho. En consecuencia, queda fuera de su competencia, ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional. En todo caso, la Corte queda facultada para dejar constancia en una resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera el caso, informar a la OEA”.
Agrega la resolución que “En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 7 de abril de 2022, en el marco de la supervisión del cumplimiento de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta”.
Alberto Fujimori: antecedentes del caso
Alberto Fujimori Fujimori, quien fuera condenado mediante sentencia de fecha 7 abril 2009, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, como autor mediato de la comisión de diversos delitos, entre los que se cuentan los casos Barrios Altos y La Cantuta, a 25 años de pena privativa de la libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo la solicitud de extradición-, hasta el 18 de junio de 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza; y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposici6n de esa Sala, vence el 10 de febrero de 2032.
Luego de ocho años de la referida condena, el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, concedió el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori Fujimori.
No obstante, e! 03 de octubre de 2018, el Juez Supremo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró que el referido indulto carecía de efectos jurídicos, ordenándose que continue la ejecuci6n de sentencia. Dicha resolución fue confirmada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia el 13 de febrero de 2019, motivo por el que el 23 de enero de 2019, el expresidente Alberto Fujimori reingresó al centro penitenciario Barbadillo.
El 17 de abril de 2020, Gregorio Fernando Parco Alarcon interpuso demanda de habeas corpus a favor de Alberto Fujimori Fujimori, cuestionando la Resolución del Juzgado Supremo de Investigaci6n Preparatoria, con la que se declaró que carece de efectos jurídicos la Resoluci6n Suprema que concedió al favorecido el indulto por razones humanitarias.
El Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, declaró FUNDADA la demanda de habeas corpus y dispuso la libertad inmediata de Alberto Fujimori.
Mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional dispuso declarar la improcedencia de los pedidos de aclaración presentados por el Procurador del Poder Judicial y la defensa de! favorecido. Asimismo, se ordena que se remitan los actuados al juez de ejecución a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.
El 5 de diciembre de 2023 el TC declara fundado el recurso de reposici6n en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional ORDENA que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad.
Alberto Fujimori: Inmediata libertad
El Nuevo C6digo Procesal Constitucional manda que las resoluciones fundadas de habeas corpus se ejecuten de manera inmediata sin necesidad de que previamente el juez de ejecución tenga que asumir competencia en la ejecución de esta.
Dicha sentencia debe ser ejecutada en forma inmediata, esto es, desde la fecha en que le es comunicada al emplazado por el órgano que emitió la sentencia, independientemente del trámite de devolución de actuados al juez que conoció del proceso en primera instancia.
En todo caso, corresponder a este verificar el cumplimiento de la misma o, de ser el caso, ante el incumplimiento de ella, adoptar las medidas necesarias para la inmediata ejecución de lo ordenado».
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