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Amazonas: Investigan a fiscales que archivaron denuncias por violación

Sede de la Fiscalía de la Nación

El Ministerio Público a pedido de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez, dispuso abrir un procedimiento disciplinario contra los fiscales que archivaron de manera definitiva y sistemática las denuncias contra docentes por acoso y violación sexual en agravio de menores de edad en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Estos graves hechos fueron expuestos por autoridades del sector Educación de la región Amazonas durante la audiencia pública de supervisión realizada por el Tribunal Constitucional, para controlar el cumplimiento de la sentencia en materia de educación rural en zonas de extrema pobreza, referida al caso de las hermanas Marleny y Elita Cieza Fernández.

A través del Oficio Nº 01782-2020-G.R.AMAZONAS-DREA/DIRDAJ, el director general del Gobierno Regional de Amazonas, Roger Guevara Goñas, expresa su preocupación por el archivo de las denuncias de violación contra los profesores por parte de los fiscales.

El documento de la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, dado a conocer por el TC, no sólo dispone abrir el proceso disciplinario contra los fiscales, sino que advierte que se investiga los hechos denunciados y evalúa el desempeño fiscal, con el propósito de mantener los niveles de eficacia, transparencia y probidad en el accionar del Ministerio Público.

Según la Contraloría General de la República que cita un informe de auditoría realizado a la Dirección Regional de Educación Amazonas, 177 procesos administrativos disciplinarios contra docentes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui (161) e IBIR Imaza (16), región Amazonas, por denuncias sobre presuntos delitos de violación de la libertad sexual en agravio de escolares, no fueron atendidas oportunamente.

El mismo informe señala que el incumplimiento en la ejecución de los procesos administrativos disciplinarios (PAD) dentro de los plazos establecidos por hechos ocurridos en el periodo del 1 de enero del 2015 al 31 de julio del 2018, generó que prescribieran los procesos y la falta de sanción a los responsables.