Brasil: La nulidad no incluye el acuerdo de colaboración firmado por Marcelo Odebrecht durante la investigación
Brasil El juez José Antonio Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), declaró este martes «la nulidad absoluta» de todos los actos judiciales realizados durante la operación anticorrupción Lava Jato contra Marcelo Odebrecht, expresidente del gigante de la construcción.
El magistrado evaluó que funcionarios que participaron en Lava Jato ignoraron el «debido proceso» con el fin de «garantizar sus objetivos personales y políticos», según la decisión.
«Declaro la nulidad absoluta de todos los actos realizados en perjuicio del demandante en el ámbito de los procedimientos vinculados a la Operación Lava Jato», escribió el magistrado.
La decisión deshace las actuaciones contra Marcelo Odebrecht del ex juez federal Sergio Moro, quien desde su corte en Curitiba comandó esa operación anticorrupción que desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal brasileña Petrobras.
Toffoli respondió a un pedido de los abogados de Marcelo Odebrecht, que argumentaron que el caso del empresario era similar al de otros ejecutivos cuyos juicios fueron anulados por irregularidades.
En su decisión, el juez afirma que «ante el contenido de los frecuentes diálogos» entre Moro y el fiscal de Lava Jato «específicamente» sobre el empresario y las empresas que presidía, «resulta clara la mezcla de la función de acusación con la de juzgar, erosionando las bases del proceso penal democrático».
Nulidad no incluye acuerdo
Toffoli subrayó, no obstante, que la nulidad no incluye el acuerdo de colaboración firmado por Marcelo Odebrecht durante la investigación.
En enero, Toffoli suspendió el pago de multas equivalentes a 1 700 millones de dólares impuestas a Odebrecht por su responsabilidad en aquel esquema de corrupción.
Unos meses antes, en septiembre de 2023, anuló las pruebas provenientes de las confesiones de ejecutivos de Odebrecht que resultaron de un acuerdo de colaboración.
Procuradora
Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, negó que el fallo de la Corte Suprema de Brasil que anuló las decisiones tomadas contra Marcelo Odebrecht en el caso Lava Jato tenga un «impacto directo» en procesos del Perú.
“Hasta donde entiendo no alcanza a su proceso de delación. Independientemente de ello lo que hay que tener claro es que la prueba introducida en las investigaciones en nuestro país es legítima de acuerdo a la norma procesal peruana y no tiene un impacto directo con lo que decida la justicia brasileña”, indicó.
«Sin duda alguna» esta decisión judicial a favor del empresario brasileño será utilizada por las defensas en las investigaciones y audiencias de juicios de otros personajes en el Perú estimo Silvana Carrión,
«Ya lo hemos visto en el juicio del señor Ollanta Humala, por ejemplo. Sin embargo, no ha sido así recibido por los jueces peruanos, que tienen soberanía, autonomía en los casos que se tramitan aquí bajo la norma penal peruana porque son soberanos respecto a la jurisdicción y a las investigaciones y prueba que están sometidas a esta investigación”, remarcó.
La procuradora ad hoc para el caso Odebrecht también indicó que los procesos vinculados al caso Lava Jato en el Perú no solo se sostienen en las pruebas otorgadas por Marcelo Odebrecht y sus excolegas.
«Tenemos prueba independiente a lo que la empresa Odebrecht ha venido entregando a la justicia peruana, independientemente de que la prueba ha sido impulsada bajo la norma procesal peruana y la decisión sobre la misma la tiene un juez peruano», sentenció.
El caso
Odebrecht fue la empresa más investigada por Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas de miembros de la élite política y empresarial de Brasil, entre ellos Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora fundada en 1944 en el estado de Bahía por su abuelo Norberto Odebrecht.
El empresario fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de cárcel. La pena fue reducida a 10 años tras colaborar con la justicia y desde diciembre de 2017 cumplió prisión domiciliaria. En 2022 fue reducida nuevamente a siete años, ya cumplidos.
El caso Odebrecht involucró a políticos y funcionarios de 12 países latinoamericanos -incluidos presidentes y expresidentes-, que recibieron cientos de millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos en el continente.
