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Consejo para Reforma de Justicia preocupado por Código Procesal Constitucional

Reunión del Consejo para Reforma de Justicia (Foto: Presidencia de la República).

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, instancia formada para impulsar la reforma del sistema de justicia y que es presidida por el jefe de Estado, Francisco Sagasti, se declaró este viernes “preocupado” por la aprobación en el Congreso del nuevo Código Procesal Constitucional.

El dictamen, que recibió el pasado 21 de mayo el voto a favor de 94 congresistas además de 5 abstenciones, a consideración del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, “contiene medidas como la eliminación del rechazo liminar de la demanda, que ocasionará una sobrecarga de casos carentes de fundamento”.

“Expresamos nuestra preocupación por iniciativas que ponen en riesgo esta política pública y que podrán afectar significativamente el correcto funcionamiento del sistema de justicia en el país”, señaló el Consejo en un pronunciamiento público que lleva las firmas de las titulares del Congreso, Mirtha Vásquez; del Poder Judicial, Elvia Barrios; el encargado de la Fiscalía de la Nación, Pablo Sánchez; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Tello; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el contralor general, Nelson Shack, y el ministro de Justicia, Eduardo Vega.

Este proyecto, aprobado en el Congreso, en su artículo VIII, establece la prohibición del rechazo preliminar de las demandas, con el fin de garantizar un mayor acceso a la justicia constitucional. “Esto debido a que en los últimos tiempos se ha podido observar una escasa o casi nula protección de los derechos fundamentales, debido a que los jueces han exagerado su visión de los procesos constitucionales como supletorios”, argumentó en su oportunidad el congresista Luis Valdez Farias (APP), presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.

El pronunciamiento

Previamente, el documento invoca a las entidades de este sector a dar continuidad a la política de reforma aprobada vía el Decreto Supremo 012-2021-JUS que tiene por objetivo modernizar la administración de este derecho y modernizarla, garantizando el acceso equitativo a ella por parte de todas las personas, “especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Para este fin, reseña el pronunciamiento, se han trazado 215 acciones referidas a la lucha contra la corrupción, mecanismos de modernización y acceso equitativo a la justicia. Se ha realizado también un análisis de los recursos que se requieren para poner en práctica esta reforma.

 

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