Martha Moyano admite que no hubo consenso pero advierte que volverá a insistir en Comisiones
Fujimoristas, cerronistas y bancadas aliadas en el Congreso de la República no lograron en esta segunda legislatura que concluye este 15 de junio, aprobar un proyecto de reforma constitucional que buscaba que sus líderes políticos Alberto Fujimori y Vladimir Cerrón, impedidos de postular a un cargo por elección por tener sentencia condenatoria, queden expeditos para presentar una candidatura presidencial o congresal en las próximas elecciones generales.
Los congresistas de las bancadas de izquierda no cerronistas y representantes independientes hicieron una oposición compacta que dio fruto cuando en una segunda votación previa obtuvieron 90 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones, con lo que el proyecto de reforma, pese a haber sido modificado por Martha Moyano, de la bancada fujimorista, retorne a la Comisión de Constitución para que sea analizado y se apruebe con los aportes de todos los grupos políticos.
La propuesta
El 17 de febrero de 2023, la Comisión de Constitución aprobó un proyecto de reforma de los artículos 34-A, 39-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú que establecía que estaban prohibidos de postular a cargos de elección popular aquellos sentenciados por los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, violación, corrupción de funcionarios, peculado, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y los que atenten contra el Estado y el orden constitucional.
Sin embargo, el texto sustitutorio presentado el 13 de junio de 2024 por el grupo de trabajo a cargo de la fujimorista Martha Moyano, retira varios de los delitos antes mencionados y la prohibición solo quedaba para aquellos sentenciados por terrorismo, tráfico de drogas, sedición, rebelión y motín, por coincidencia, delitos por los que el Poder Judicial condenó a Antauro Humala.
Estas propuestas, según explicó Martha Moyano, habían sido alcanzadas por las bancadas de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, entre otras
A decir de Lady Camones Soriano (APP) la fórmula legislativa busca promover la idoneidad en los cargos públicos, tanto de los que asumen por designación, como los que asumen por elección popular.
“Queremos impulsar una cultura de excelencia y ética en la gestión pública, con el fin de que estas no se deslegitimen, también para evitar que nuestro sistema democrático entre en riesgo”, añadió la parlamentaria.
Alejandro Muñante Barrios (RP) indicó que esta iniciativa es una oportunidad para proteger el derecho de todos los peruanos a vivir en un estado de derecho y un ambiente democrático.
En estas circunstancias se produjo un griterío en el hemiciclo, Dirigía la sesión el vicepresidente Waldemar Cerrón, quién ante la imposibilidad de mantener el orden, ordenó la lectura del reglamento, suspendió la sesión y convocó a Junta de Portavoces.
Reanudada la sesión, el bloque de izquierda no cerronista y sus aliados pusieron en evidencia que con esta propuesta, que era totalmente diferente a la aprobada en Constitución, el fujimorismo y el cerronismo junto a sus socios políticos buscaban “allanar el paso de los grandes corruptos y delincuentes que nos gobernaran en los próximos años”.
Ruth Luque sostuvo: “es un intento fallido. Con este texto lo que se ofrece más bien es desaparecer la idoneidad que en su momento se estableció en los artículos 34 y 39 y que señalan que ninguna persona con sentencia condenaría en primera instancia pueda postular”.
Rectificación parcial
Tras las críticas, Martha Moyano agregó un texto sustitutorio que contempla a los condenados en primera instancia, pero ignoró el pedido de los parlamentarios de izquierda de añadir más delitos.
Es ahí que la congresista Francis Paredes pidió una cuestión previa para que el dictamen, con el nuevo texto, regrese a la Comisión de Constitución. Esta propuesta se aprobó con 90 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones.
Actualmente, la ley permite que toda persona que ha sido condenada por delitos como tráfico de drogas, abuso sexual, homicidio, secuestro y hasta por terrorismo, y que hayan cumplido su pena, pueden participar de un proceso electoral y ser elegidos para asumir cargos públicos sin inconvenientes.
Por tratarse de una reforma constitucional, necesita de dos votaciones con más de 86 votos a favor en dos legislaturas consecutivas. Ahora, el tiempo se acorta y si se busca que esta reforma aplique en los próximos comicios, deberá aprobarse en la próxima legislatura que empieza en julio y en la siguiente a más tardar en marzo de 2025.