Impunidad: la Corte IDH había pedido que se deje sin efecto el proyecto
Impunidad. La Comisión Permanente del Congreso, en segunda votación, aprobó sin mayor discusión, el proyecto de ley que establece que nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1° de julio de 2002, norma, que a decir de organismos internacionales, contraviene el derecho internacional sobre la aplicación de la prescripción a los crímenes atroces.
El proyecto que alcanzó 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en la Comisión Permanente, quedó aprobado sin discusión alguna, salvo la intervención de la congresista la congresista Isabel Cortez (CD-JPP), quien, además de oponerse, no aportó mayor sustentación a su posición. La iniciativa pasará ahora al Ejecutivo para su promulgación.
En la sustentación, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, legisladora Martha Moyano (FP), alegó que la iniciativa no busca una amnistía y tampoco un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. Vea el texto del proyecto:
Según el dictamen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, por lo que tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor.
Del mismo modo, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre de 2003, por lo debe ser aplicado únicamente respecto a hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el país.
“Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, señala el documento legislativo.
Agrega. “La inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta.
“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, precisa el proyecto
El último martes, la Corte Interamericano de Derechos Humanos resolvió:
Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos
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Requerir al Estado que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo primero de esta Resolución, luego de lo cual deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, sobre las medidas provisionales adoptadas, hasta que este Tribunal resuelva su levantamiento.
Requerir a las representantes de las víctimas que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado.
Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a los informes estatales dentro de un plazo de dos semanas, contadas a partir de la recepción de las observaciones de las representantes.
El miércoles, luego de la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén se declaró “profundamente indignado” por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país en los casos en los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras.
El portavoz del Gobierno en su condición de presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a la vez anunció la decisión del Ejecutivo de coordinar una respuesta conjunta con los poderes Legislativo y Judicial para expresar el rechazo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
