El Gobierno autorizó, mediante un Decreto de Urgencia, el apoyo económico, excepcional y por única vez, a los deudos de las víctimas mortales y a los heridos de gravedad de las movilizaciones sociales que se desarrollaron en Lima y el interior del país a fines del año 2020 y que costó la vida de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado.
La decisión, que debe cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2021, se enmarca en la necesidad de otorgar este aporte económico frente a las necesidades que estos efectos adversos han ocasionado en la vida de todos los señalados en la norma, explica el Decreto de Urgencia N° 114-2021 publicado este lunes.
Este apoyo económico no tiene naturaleza reparatoria ni resarcitoria, ni tampoco tiene implicancia alguna en la determinación de eventuales responsabilidades del personal policial que intervino en las movilizaciones, lo cual sigue en investigación.
De esta manera, los deudos de las dos víctimas mortales recibirán un apoyo económico de 40 000 soles, hasta por un monto máximo de 80 000 nuevos soles; mientras que a los heridos de gravedad se les otorgará una subvención de 15 000, 25 000 y 40 000, según lo determine la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, creada mediante Resolución Suprema N° 221-2021-JUS, hasta por un monto de 720 000 nuevos soles.
Este requerimiento presupuestal, en su totalidad, asciende a 800 000 soles, incluyendo los gastos bancarios, y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público pues se financia con cargo al presupuesto institucional del Año Fiscal 2021 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El pasado 30 de noviembre, la premier Mirtha Vásquez dirigió la instalación de la primera reunión de la Comisión Multisectorial que tiene por objetivo hacer seguimiento a las medidas destinadas para atender a los deudos y víctimas que sufrieron lesiones de gravedad durante las movilizaciones de noviembre y diciembre de 2020.
“En este Gobierno nos tomamos en serio el tema de los derechos humanos, entonces hay un compromiso genuino al respecto. Vamos a ir mirando qué medidas se pueden incorporar a esta comisión”, dijo en esa oportunidad.
En ese marco, el 17 de diciembre se incorporó a la víctima mortal y a los que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones del 20 y 30 de diciembre de 2020 en los alcances de la Comisión Multisectorial que hace seguimiento a la atención a estos hechos.
Entre el martes 10 y el sábado 14 de noviembre de 2020, se realizaron marchas políticas de envergadura nacional como reacción a la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra y la investidura de Manuel Merino como presidente.
Esta acción, considerada ejercicio del derecho fundamental a la protesta, reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 0009-2018-PI/TC, , derivó en incidentes en Lima que tuvieron como resultado el fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado y lesiones de gravedad ene otras personas-
De igual modo, entre el 1 y 3 de diciembre y el 20 y 30 de diciembre de 2020, cientos de trabajadores de la agroindustria ejercieron su derecho a la protesta, produciéndose incidentes en las regiones de Ica y La Libertad, que también generaron afectaciones al derecho a la vida y al derecho a la integridad física.
