Josué Gutiérrez arremete contra sus críticos
Josué Gutiérrez.“Desde cuándo, cumplir la Ley puede ser una cuestión de custionamiento? ¡Qué cuestionen a quien hizo la Ley, finalmente, no a la Defensoría que está cumpliendo la ley¡. Eso es perverso, eso es maldad, eso es dañar la imagen de la institución y yo personalmente no estoy dispuesto a permitir”, palabras textuales del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez al responder a quienes critican su gestión por designaciones supuestamente irregulares desde su llegada al cargo.
Gutiérrez Cóndor concretamente se refería a la modificación por parte de su gestión del Manual de Clasificador de Cargos, con la finalidad de que la abogada Elizabeth Zea Marquina, vinculada a Fuerza Popular durante la segunda vuelta del 2021, sea designada en el cargo de adjunta constitucional de la Defensoría del Pueblo.
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“Voy a ir a donde sea para demostrar al país que acá no estamos haciendo nada al margen de la ley y cualquier especulación proviene de gente que ha instrumentalizado la Defensoría para sus fines personales, para saquear al país y sobre todo utilizar de mala manera la Defensoría del Pueblo y eso no lo voy a permitir”, sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo.
Josué Gutiérrez: el cuestionamiento
En opinión de Gutiérrez, este cuestionamiento “solo puede salir de una mente perversa. Yo le reto que demuestren que es así; el cumplimiento de la ley no es una liberalidad de cualquier funcionario, el cumplimiento de la ley es una obligación más de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo.
Prosiguió: “Hay una Ley de idoneidad que ordena que todas las instituciones deben adecuarse, ni siquiera el Defensor interviene. Es el órgano administrativo que ve la aplicación de esa norma y si tiene que cambiar sus instrumentos de gestión, los cambia”.
¿Qué ha variado ahí?, la experiencia con relación a lo que decía el instrumento de gestión interno de la Defensoría que es el Manual de Clasificador de Cargos (MCC) que indicaba claramente que él podía asignar al cargo de adjunto a quienes tenían experiencia en el ámbito público; y que dice la Ley de Idoneidad, no solamente público sino también en el ámbito privado”.
“Entonces cuando uno hace esta calificación, a donde se está reduciendo, a quien se está beneficiando, simplemente se cumple la ley, nosotros no hacemos la ley”, agregó.
En una reciente publicación, El Comercio dio cuenta que en menos de tres meses “cinco adjuntos habían renunciado a sus cargos en la Defensoría del Pueblo por discrepancias con él titular de la institución, y la mayoría de ellas podría explicarse a partir de un ánimo de Gutiérrez por compensar a los partidos que lo apoyaron e3n el congreso para ser elegido en el cargo.
Según la misma publicación, entre el 28 de junio y el 8 de setiembre, Carolina Garcés Peralta (adjunta para los Derechos de la Mujer), Alberto Cruces Burga (adjunto para Asuntos Constitucionales), Susana Silva Hasembank (adjunta para la Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado), Alicia Abanto Cabanillas (primera adjunta de la Defensoría del Pueblo) y Matilde Cobeña Vásquez (adjunta para la Niñez y Adolescencia) optaron efectivamente por dejar la función que desempeñaban.
Josué Gutiérrez y la fachada de la Defensoría del Pueblo
En declaraciones a una televisora de alcance nacional, Gutiérrez negó que existen discrepancias con su gestión y que desde un inicio se les comunicó a los cargos de confianza que estarían sujetos a evaluación constante.
Asimismo, precisó que a única persona a la que ha solicitado su renuncia es a la primera junta, mientras que el resto han renunciado por diferentes motivos, como ofertas laborales o la búsqueda de nuevas oportunidades.
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Gutiérrez destacó que la tranquilidad de la institución se mantiene, ya que se están promocionando a profesionales con larga trayectoria en la Defensoría para ocupar los cargos vacantes.
En esa línea, enfatizó que estos relevos naturales no afectarán el normal funcionamiento de la Defensoría.
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