María Caruajulca: la decisión se mantendrá en tanto se resuelva el fondo del Ampáro contra el Minjus
María Caruajulca: El Gobierno decidió acatar estrictamente el mandato judicial en torno a la titularidad de la Procuraduría General del Estado, que es reclamado por la funcionaria separada del cargo durante el régimen de Pedro Castillo por el argumento “pérdida de confianza”.
María Aurora Caruajulca Quispe fue repuesta en la PGE, aunque solamente, de acuerdo a la resolución el tiempo que tome la resolución del amparo interpuesto en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Una resolución suprema firmada por la presidente Dina Boluarte y publicada este viernes 24 de Mayo de 2024, manda lo siguiente:
Con esta decisión, que hace uso de una fórmula legal poco usual, el Ejecutivo pretende poner término a la controversia generada por el mandato de una resolución judicial que ordenaba reponer en su cargo a señora María Aurora Caruajulca Quispe. Ella fue separada del cargo por “pérdida de la confianza”, motivo que no forma parte de la relación de causales por las cuales ella podía perder el cargo.
Los considerandos
Mediante Resolución Suprema N° 042-2022-JUS se designó a la señora abogada María Aurora Caruajulca Quispe como Procuradora General del Estado; y, con Resolución Suprema N° 188-2022-JUS se dio por concluida dicha designación.
La señora María Aurora Caruajulca Quispe interpuso proceso de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
En el marco de dicho proceso, en el expediente signado con el N° 09343-2022-88-1801-JR-DC-01, mediante Resolución N° 04, de fecha 21 de mayo de 2024, el citado órgano jurisdiccional resuelve que la parte demandada, Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cumpla con reponer en el día y bajo responsabilidad a la actora María Aurora Caruajulca Quispe como Procuradora General del Estado, conforme a los términos de la decisión cautelar.
Pacheco, hasta la vista
Hoy igualmente aparece publicada otra Resolución Suprema que acepta la renuncia formulada por el señor Javier Alonso Pacheco Palacios al cargo de Procurador General del Estado, dándosele las gracias por los servicios prestados.
La renuncia
A primera hora del jueves, Pacheco Palacios entregó una carta de renuncia al ministro de Justicia, en la que aseguró que su decisión obedece al respeto por las instituciones del Estado, en este caso al Poder Judicial que el pasado miércoles ratificó la orden de reposición inmediata de María Caruajulca como titular de la Procuraduría.
Aclaró que no recurrirá judicialmente para ser restituido en el cargo, con el propósito de “cortar ese círculo vicioso” de constantes recursos judiciales presentados por sus antecesores, María Caruajulca y Daniel Soria.
“Los motivos de mi renuncia obedecen en lo personal a mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público por más de veinte años en donde tuve la finalidad de reconstruir la Procuraduría General del Estado; sin embargo, esta labor está siendo amenazada por el accionar de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien con su decisión adoptada viene a generarme un perjuicio en mis derechos laborales.
En declaraciones a los medios, Pacheco ratificó la orden de reposición inmediata de María Caruajulca como titular de la Procuraduría.
Sin embargo, aclaró que la norma establece que dicho cargo es por remoción regulada, lo cual quiere decir que “se nos designa por cinco años y en concreto se debería cumplir ese plazo” y que “nadie debería interferir con dicha situación”.
“En mi caso cuando se me designa el cargo estaba vacante [al haber sido destituido Daniel Soria
Sin embargo cuestionó la labor de la Primera Sala Constitucional que falló a favor de Caruajulca “al otorgarle derechos cuando en el fondo no es la vía”, sino un proceso contencioso administrativo.
“Uno tiene que ser respetuoso con la decisión no de la sala, sino con la institución porque yo soy un funcionario público que, en mis 24 años de abogado, 23 lo tengo en el Estado”, señaló.
