Ministerio Público señala que el caso por su gran envergadura e impacto, pone en serio riesgo el procedimiento
Ministerio Público, en un comunicado, se hizo eco este lunes de las publicaciones difundidas por algunos medios de comunicación respecto a un presunto espionaje a periodistas y sostuvo que de acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas.
En la nota, el Ministerio Público explicó que se encuentra en curso una investigación al imputado José Luis Castillo Alva, por el presunto delito de organización criminal, vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en la que impugnó la Resolución N.º 8, del 21 de junio de 2023, emitida por el Poder Judicial, que en primera instancia declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado contra el investigado.
“La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que resolvió la impugnación, acogió los fundamentos del Ministerio Publico que consideraba que una publicación en el diario La República y otra en el portal Sudaca constituirían elementos de peligro de obstaculización de la investigación”, agregó.
Ministerio Público: frontis del edificio principal
Prosiguió que ante esta situación, “el citado órgano jurisdiccional señaló que: d) […] Lo referido materializa pues una de las modalidades del peligro de obstaculización, contemplado en el numeral 3 del artículo 270 del Código Procesal Penal, el cual conlleva a “inducir” a otros (terceros) a realizar comportamientos de obstrucción, pues estando a lo demostrado, ineludiblemente el investigado tiene la capacidad y aptitud de “inducir” a medios de comunicación a través de uno de sus periodistas, quien ha expuesto información no oficial sobre el caso en ciernes el cual se encuentra en plena investigación”.
Este caso, añadió, “por su gran envergadura e impacto en el sistema de justicia, pone en serio riesgo inminente el regular procedimiento que debe seguir en el Ministerio Público.” (sic)”.
Precisó que “de acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.
En la parte final del comunicado, el Ministerio Pública escribe:
El Ministerio Público es una institución respetuosa de la legalidad, el debido proceso y el ordenamiento legal vigente, en su condición de titular de la acción penal pública en las distintas etapas de la investigación, así como en su participación en juicios orales y acusaciones fiscales.
El Ministerio Público reafirma que respeta las libertades de expresión y prensa, y del acceso a la información que rigen en un estado democrático, para asegurar que la ciudadanía cuente con información veraz, objetiva y de calidad mediante la pluralidad de medios de comunicación.
(Foto; Ministerio Público).
Ministerio Público: la publicación
El 28 de diciembre de 2023, el diario La República denunció que tuvo acceso a documentos oficiales de la Fiscalía de Nación que demuestran que durante la gestión de la hoy suspendida fiscal Patricia Benavides se dio se dio la orden de hacer seguimiento al periodista y editor de la sección judicial de ese diario, César Romero así como a sus familiares. Los documentos también muestran un supuesto reglaje al director del portal Sudaca, el periodista Juan Carlos Tafur.
De acuerdo a los documentos fiscales reservados a los que tuvo acceso La República desde abril hasta noviembre de 2023, por orden del fiscal Andy Rodríguez se realizaron acciones de seguimiento policial y video vigilancia a Romero y a Tafur, tanto en sus casas como en sus desplazamientos públicos y en sus oficinas.
Las fechas de las órdenes de reglaje e interceptación telefónica de los periodistas coincide con los reportajes que cuestionaron las decisiones de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Ministerio Público por la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos, la desaparición de su tesis, la falta de precisión en la información entregada a la Junta Nacional de Justicia para su nombramiento como fiscal suprema titular y la difusión de sus llamadas telefónicas a personajes vinculados al caso “Los cuellos blancos del puerto”, informó La República
“Aquí que no hay nada ilícito que investigar. Lo único que hay es la intención de criminalizar a un periodista y buscar conocer sus fuentes informativas, utilizando los procesos en curso. Si no estás conmigo te investigo, te persigo y escucho tus llamadas, ese es el legado de la administración Benavides y sus partidarios”, declaró en su momento César
Condena
En su oportunidad, IPYS condenó las acciones de reglaje y chuponeo a periodistas que investigan el accionar del Ministerio Público y exigió que se investigue y sancione a los responsables de estas órdenes que atentan directamente contra el trabajo de periodistas que fiscalizan el poder político de la justicia.
Vea el texto del comunicado
