Tanto el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho, serán investigados por su actuación en la diligencia de allanamiento a las oficinas del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Habrían incurrido, según la fiscal que ordenó la investigación, en el presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Abuso de Autoridad en agravio del Estado
“En consecuencia, la suscrita, es de la opinión que debe declararse fundada la investigación preliminar seguida contra José Domingo Pérez Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial. Así como para el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Abuso de Autoridad en agravio del Estado”, reza la resolución de la fiscal Escarleth Laura Escalante, de la Segunda fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La investigación está vinculada a la diligencia de allanamiento del 4 de enero del 2019 que realizó el fiscal Pérez Gómez con autorización del juez Concepción Carhuancho a las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, entonces asesor de Pedro Chávarry Vallejo.
De acuerdo a la denuncia, Pérez Gómez sustentó -ante el juez Richard Concepción Carhuancho- un pedido de allanamiento, considerando que Chávarry había adoptado una actitud de interferencia, hostilización y encubrimiento de los actos de investigación que seguía contra la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.
“Como el mismo fiscal investigado reconoce, el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos goza de prerrogativas constitucionales por su condición de fiscal de la Nación, ante lo cual el fiscal investigado no tenía competencia para investigar; y, por tanto, estos hechos no eran materia de investigación a cargo del fiscal (Pérez)”, señala la resolución.
Además, se le atribuye a Pérez Gómez haber ejecutado las diligencias de allanamiento e incautación de bienes encontrados en las oficinas de asesores como Edgar Peralta Lino y Max Aranda Fernández, que no tenían autorización judicial.
En su defensa, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo, ante la fiscalía superior, que los hechos, atribuidos en su contra, ya fueron archivados en una resolución del 31 de enero del 2019.
Remarcó que se pretende someterlo a una doble investigación penal “so pretexto de una distinta calificación jurídica por abuso de autoridad”.
El juez Richard Concepción, por su parte, alegó que “no se cometió acto arbitrario contra el denunciante (Chávarry), no se dictó medida alguna en su contra, sino en contra de la oficina de Juan Duarte”. Añade que en las resoluciones no se consideró como investigado a la persona de Pedro Chávarry.
La fiscal superior Escarleth Laura Escalante, sostuvo que cuando Pérez formuló el requerimiento de allanamiento, ya se había dispuesto «la derivación de la noticia criminal al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación».
“Correspondía a dicha área realizar las investigaciones” y por tanto, los hechos atribuidos contra Chávarry “no podrían constituir el sustento del requerimiento de allanamiento”. sostuvo Laura Escalante
