Sigrid Bazán: el proyecto comprende a trabajadorea CAS que ingresaron mediante concurso público de méritos
Sigrid Bazán Narro presentó este lunes un proyecto de ley que busca incorporar a los trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo, que se encuentran bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057— Contratación Administrativa de Servicios (CAS), al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. No incluye a quienes realicen labores de dirección o confianza.
Requisitos
Los beneficiarios de la iniciativa deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- A la fecha de la promulgación de la presente Ley deben encontrarse como
- Trabajadores/as CAS y haber ingresado a la institución mediante concurso público de méritos.
Progresividad e incorporación
La incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo N’ 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, por parte de los/as trabajadores/as que se encuentran bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057 — Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se realizará de manera progresiva durante el plazo máximo de tres (3) años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Otras consideraciones del proyecto propiciado por Sigrid Bazán:
- La incorporación se producirá considerando como criterio el orden de prelación según la antigüedad del contrato de acuerdo al nivel ocupacional; y, bajo el enfoque de derechos de edad, cuota de discapacidad e igualdad de género.
- La aplicación de la norma se financiará con cargo al presupuesto de la Defensoría del Pueblo, sin demandar recursos adicionales al tesoro público ni afectar el gasto e inversión en material, infraestructura y demás elementos necesarios para la prestación idónea de los servicios público.
- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la
- Defensoría del Pueblo conformará una comisión reglamentaria tripartita con la participación de los representantes de los/as trabajadores/as para elaborar el reglamento y las normas complementarias en noventa (90) días de su entrada en vigencia.
- A la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley en adelante se prohíbe el ingreso de trabajadores/as a la Defensoría del Pueblo bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057 — Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
- Los/as trabajadores/as que ingresen a laborar a la Defensoría del Pueblo estarán comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Exposición de Motivos
La presente iniciativa legislativa nace de la coordinación con el Sindicato de Trabajadores CAS de la Defensoría del Pueblo- Sintracas DP y recoge sus aportes; con quienes se planteó la necesidad de presentar un proyecto de Ley que incorpore a los/as trabajadores/as CAS de la Defensoría del Pueblo al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Siendo así, esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores CAS de la Defensoría del Pueblo y brindarles beneficios propios del Decreto Legislativo N° 728.

Fundamentos del proyecto
El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativo del Estado que se celebra entre éste y una persona natural para prestar un servicio no autónomo, subordinado y dependiente dentro de las instalaciones de la entidad, la que proporciona ambiente, recursos, servicios, bienes, mobiliarios, equipos, herramientas, insumos y demás medios necesarios para cumplir con las tareas objeto de la contratación.
La finalidad del Decreto Legislativo N°1057 consistía en acabar con la informalidad en las relaciones laborales; sin embargo, con el transcurso del tiempo podemos apreciar que este contrato se ha desnaturalizado y lo que es peor aún, se ha prolongado perjudicialmente en el tiempo sin que hasta la fecha se haya terminado con este tipo de contrato que viene generando una desigualdad de condiciones por los trabajos realizados.
A la fecha, han pasado 15 años durante los cuales los/as trabajadores/as CAS del Sector Público han realizado diversos cuestionamientos y protestas sobre la vulneración de sus derechos fundamentales que generó desde su inicio el Decreto Legislativo N° 1057 a nivel de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial; y, el Tribunal Constitucional para eliminar la discriminación laboral existente.
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