TC: “La opción de que la presidente viaje fuera del país y mantenga la gestión remota del despacho, no es contraria a la Constitución”
TC. El Tribunal Constitucional declaró infundada por mayoría (6 votos contra 1) la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25 % del número legal de congresistas contra la Ley 31810, Ley que permite al presidente de la República despachar virtualmente desde el exterior, al considerar que no contraviene los artículos 115 y 206 de la Constitución Política.
(La Ley 31810 modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del Despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales cuando viaje al exterior).
En su sentencia (Exp. 00011-2023-PI/TC), el TC señala que la ley impugnada se ha limitado a habilitar la posibilidad de que, cuando el presidente viaje al exterior, autorizado por el Congreso y no cuente con vicepresidentes, mantenga, en ese supuesto excepcional, la gestión del despacho presidencial.
TC: La fundamentación
“Este Tribunal advierte que dicha posibilidad fluye del segundo párrafo del artículo 115 de la Norma Fundamental, respecto a que la gestión del despacho presidencial se mantenga, en todo momento, en el ámbito del Poder Ejecutivo”.
“Este Tribunal entiende, señala la sentencia, que la Constitución permite que el presidente continúe a cargo del despacho presidencial, empleando tecnologías digitales, cuando se encuentre de viaje y no cuente con vicepresidentes que puedan encargarse de la gestión administrativa del mismo”
“En concreto, el inciso 4 del artículo 8-A de la LOPE dispone que: Para el caso establecido en el párrafo 8-A.3, l ”Solicitud de autorización de salida del territorio nacional al presidente de la República contiene la justificación de la urgencia y necesidad de la gestión del despacho de la Presidencia de la República a través de tecnologías digitales y la garantía de la seguridad de los medios a emplear. El Congreso de la República evalúa la particularidad de cada caso.
Para abordar la cuestión controvertida, corresponde comenzar recordando que el artículo 102, inciso 9, de la Constitución, estipula que el Congreso es el órgano legitimado para conceder la autorización de salida del territorio nacional del presidente de la República. Por su parte, el artículo 76, inciso j), del RCR y la Ley 28344 se encargan de regular el procedimiento que debe seguirse para que la referida solicitud sea aprobada.
La norma impugnada no modifica la competencia del Congreso de la República sobre dicha materia ni el procedimiento previsto, y se limita a añadir el deber de justificar dos cuestiones:
Caso del encargo del Despacho Presidencial
Este Tribunal, ha resuelto que la opción de que el presidente de la República, que salga del país, mantenga a su cargo la gestión remota del despacho, no resulta contraria a la Constitución y, por lo tanto, imponer el deber de justificar la urgencia y necesidad de recurrir a tecnologías digitales, garantizando la seguridad informática, tampoco puede ser considerado contrario a la Norma Fundamental
Por último, este Tribunal advierte que, en el contexto normativo indicado, no puede considerarse inconstitucional conceder al Parlamento la potestad para evaluar “la particularidad de cada caso”. Efectivamente, si el Congreso tiene competencia para autorizar la salida del país, no puede considerarse inconstitucional la exigencia de que el Poder Ejecutivo sustente la urgencia y necesidad de la gestión remota del despacho en dicho supuesto.
Estando a lo expuesto, este Tribunal considera que la demanda debe también ser desestimada respecto a la impugnación del inciso 4 del artículo 8-A de la LOPE, incorporado por la Ley 31810, y resuelve por estos fundamentos “Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los incisos 3 y 4 del artículo 8-A de la Ley 29158, introducidos por la Ley 31810”.
El voto singular
Votó en contra de la mayoría r), el magistrado Manuel Monteagudo Valdez, quien en su voto singular declaró fundada la demanda al considerar que la solución que brinda la Ley 31810 a la situación particular de viaje al exterior del presidente de la República en caso de ausencia de vicepresidentes, supone una desnaturalización de la norma constitucional, ya que se regula vía Ley Orgánica una cuestión que corresponde ser establecida en el artículo 115 de la Constitución.
Fundamentos del voto singular
Resulta evidente que, en realidad, lo que las disposiciones impugnadas están habilitando es que la casi totalidad de las facultades presidenciales -tanto las principales como las de mero trámite- sean asumidas de forma remota.
La ponencia suscrita por la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional considera que se trata de una materia que puede ser desarrollada por el legislador. Estimo que, en realidad, la implementación de esta posibilidad solo puede ser considerada como válida si es que se realiza a través del uso del procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Ley Fundamental.
En las consideraciones finales el magistrado sostiene que no emplear los mecanismos y procedimientos previstos en el artículo 206 de la Constitución para proceder a reformar la Ley Fundamental nos puede conducir a que sea un poder constituido -Caso del encargo del Despacho Presidencial- como lo es el Congreso de la República, a ponerse por encima del poder constituyente, lo que puede suponer, en buena cuenta, que el contenido de la norma quede a disposición de mayorías fluctuantes, lo que genera inestabilidad en el ordenamiento y serios inconvenientes para la seguridad jurídica.
“Manuel Monteagudo: “la solución que brinda la Ley 31810 a la situación particular de viaje al exterior del presidente de la República en caso de ausencia de vicepresidentes, supone una desnaturalización de la norma constitucional
Por ello, resulta indispensable en una sociedad democrática respetar los conductos previstos por el constituyente para la precisión de las cláusulas constitucionales.
Por todo lo expuesto, considero que la presente demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada como FUNDADA, por lo que corresponde expulsar del ordenamiento jurídico los artículos 8-A.3 y 8-A.4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporados por la Ley 31810, ya que la regulación efectuada ha quebrantado el principio de jerarquía normativa, previsto en el artículo 51 de la Constitución.
