El Gobierno prorrogó este jueves por el término de sesenta días calendario el Estado de Emergencia en cinco provincias, dos de ellas ubicadas en el departamento de Loreto y las otras tres en el departamento de Madre de Dios.
La medida permitirá combatir el accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos y por la problemática generada por la minería ilegal, precisan dos decretos supremos publicados en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.
En ambos casos, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida excepcional comprende las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (Loreto) y los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata, en los distritos de Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu y en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu (Madre de Dios).
El Estado de Emergencia comprende la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales
Durante la prórroga del Estado de Emergencia quedan suspendidos en las jurisdicciones comprendidas en la medida, los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Foto: Mindef
Intervención PNP y Fuerzas Armadas
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en los Decretos Legislativos sobre la materia, el que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y el que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Las dos normas llevan la firma del presidente Pedro Castillo y el refrendo del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, del ministro de Defensa, José Gavidia y del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Félix Chero.
