La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que pide a las autoridades, medios de comunicación y público en general la no difusión de la condición de salud física y mental de Gabriela Sevilla, la mujer de 30 años, que por razones aún por determinar, simuló un falso embarazo luego de permanecer desaparecida por mas de 24 horas. La prohibición “incluye los datos (de la joven) contenidos en informes médicos o en su historia clínica”.
Esto, asegura la Defensoría del Pueblo “sin perjuicio de las investigaciones que respecto a los hechos denunciados deben realizar las autoridades estatales competentes”,
¿En que se fundamenta la Defensoría del Pueblo para hacer el pedido?
Asegura que “De acuerdo con la Ley General de Salud, Ley n.° 26842, la información vinculada al acto médico, así como aquella contenida en la historia clínica e informes médicos, tiene el carácter de reservada. Asimismo, constituye información sensible, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley n.° 29733”.
Agrega que “el manejo de la información referida a la condición de salud de cualquier persona por parte de las autoridades, así como de los medios de comunicación debe ser realizado de forma responsable y en respeto de sus derechos fundamentales. El acceso y la divulgación solo puede hacerse por los supuestos establecidos estrictamente en la ley o con el consentimiento expreso del o la titular”.
Vea el texto del Comunicado
Con relación al caso de la ciudadana Gabriela Sevilla Torello, la Defensoría del Pueblo considera importante señalar lo siguiente:
La desaparición de personas es una grave violación a los derechos humanos que, a su vez, constituye la antesala para la comisión de graves delitos como la trata, explotación sexual y feminicidio, siendo las principales víctimas las mujeres. Por ello, desde el 2020, reportamos mensualmente cifras oficiales de desaparición de mujeres por particulares en todo su ciclo de vida. Así, de enero a septiembre de 2022 se han reportado 4019 mujeres como desaparecidas. De este total 1313 son mujeres adultas (33 %) y 2706 niñas (67 %) y adolescentes mujeres.
En el marco del deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales, la ciudadana Gabriela Sevilla requiere de la debida atención, diligencia y protección, respetando su dignidad, integridad, intimidad y la consiguiente no exposición y reserva de aspectos referidos a su salud integral.
De acuerdo con la Ley General de Salud, Ley n.° 26842, la información vinculada al acto médico, así como aquella contenida en la historia clínica e informes médicos, tiene el carácter de reservada. Asimismo, constituye información sensible, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley n.° 29733.
El manejo de la información referida a la condición de salud de cualquier persona por parte de las autoridades, así como de los medios de comunicación debe ser realizado de forma responsable y en respeto de sus derechos fundamentales. El acceso y la divulgación solo puede hacerse por los supuestos establecidos estrictamente en la ley o con el consentimiento expreso del o la titular.
En ese contexto, si bien saludamos la preocupación y manifiesta respuesta social ante la gravedad que implica cada denuncia por presunta desaparición de personas, solicitamos a las autoridades, medios de comunicación y público en general la no difusión de la condición de salud física y mental de la ciudadana Gabriela Sevilla, lo que incluye los datos contenidos en informes médicos o en su historia clínica. Lo expuesto sin perjuicio de las investigaciones que respecto a los hechos denunciados deben realizar las autoridades estatales competentes.
Recordamos que, salvo las excepciones establecidas expresamente en la Ley General de Salud, la o el profesional de la salud, técnico o auxiliar que acceda o divulgue indebidamente la información referida a la condición de salud física o mental de cualquier persona puede incurrir en responsabilidad civil, penal o ética.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a las entidades del Estado, en los 3 niveles de gobierno, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no retroceder, sino a reforzar e intensificar las medidas para la prevención y atención célere, diligente y oportuna de cada uno de los miles de casos que, lamentablemente, se reportan cada año en el Perú. La institución reafirma su compromiso de supervisar constantemente la actuación del Estado en esta materia y contribuir a reducir las altas cifras de personas desparecidas que persisten en el país.
