Lejos de reflejar autoridad la medida deja en suspenso el grado universitario y proyecta urgencia e improvisación frente al crimen
El Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo N°010-2026-IN, adelantó para este sábado 28 de noviembre el egreso de la promoción “Precursores” (2023-2027) de la Policía Nacional del Perú invocando un genérico “interés nacional”. La medida confirma que el Gobierno ha convertido en regla la excepción legal para graduar oficiales con apenas ocho ciclos concluidos —sin grado de bachiller—, repitiendo un atajo aplicado desde 2024 que no ha frenado la criminalidad y abre un peligroso precedente para las Fuerzas Armadas.
En un giro que evidencia urgencia política más que planificación estratégica, el Poder Ejecutivo oficializó el recorte de un año completo en la etapa presencial de formación de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). A través del Decreto Supremo N° 010-2026-IN, publicado hoy domingo con las firmas del Primer Vicepresidente encargado del despacho presidencial, Luis Galarreta Velarde, y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, se autoriza el egreso y graduación excepcional de la promoción “Precursores” 2023-2027 para este 28 de noviembre de 2026, al término de su octavo semestre académico y no de los diez reglamentarios.
La decisión, sustentada bajo la figura de "causas de interés nacional", plantea una interrogante inevitable en el debate público: ¿estamos frente a una respuesta técnica frente al desborde criminal o ante un gesto de desesperación del Gobierno por exhibir resultados inmediatos que sostengan su eslogan de campaña de “Vuelve el orden”?
La excepción convertida en regla: un historial de recortes desde 2024
Desde el Ejecutivo podría argumentarse que esta medida no es nueva y que ya se aplicó en el pasado. Y, en efecto, los registros del Diario Oficial El Peruano confirman que el DS N° 010-2026-IN no es un hecho aislado, sino la consolidación de una política que ha desnaturalizado el artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1318 (aprobado por DS N° 022-2017-IN). Lo que fue diseñado en 2017 como una válvula de escape estrictamente extraordinaria se ha convertido en una práctica sistemática en tres promociones consecutivas de oficiales:
- Abril de 2024: Mediante decreto supremo publicado el 19 de abril de ese año (gestión de Dina Boluarte), se dispuso el egreso anticipado de 463 cadetes de la Escuela de Oficiales (Promoción "Perseverancia") junto a 5,278 alumnos de escuelas técnico-profesionales.
- Diciembre de 2025: El 6 de diciembre de 2025 (gestión de José Enrique Jerí Oré) se autorizó la graduación adelantada de 487 cadetes de la Promoción "Los Combatientes" (2022-2026), precedida meses antes por el egreso anticipado de 4,517 suboficiales mediante el DS N° 006-2025-IN.
- Marzo y noviembre de 2026: Tras el adelanto de 5,655 alumnos de escuelas de suboficiales en marzo (DS N° 002-2026-IN), el actual Gobierno vuelve a recurrir al mismo expediente para graduar prematuramente a los 341 cadetes de la promoción "Precursores".
La paradoja salta a la vista: si tras inyectar en las calles a más de 950 oficiales y más de 15,000 suboficiales egresados de forma anticipada entre 2024 y marzo de 2026 el propio Ejecutivo sigue invocando la emergencia del orden interno para justificar un nuevo recorte en noviembre de 2026, queda demostrado que el atajo académico no ha resuelto el problema de la inseguridad ciudadana.
El vacío de la excepcionalidad y la falta de transparencia
Aunque el artículo 96 del Reglamento del D. Leg. 1318 permite otorgar el despacho de Alférez sin haber obtenido previamente el grado académico de Bachiller, exige de manera expresa que el decreto supremo esté "debidamente sustentado".
Sin embargo, la parte considerativa del DS N° 010-2026-IN se limita a citar de manera genérica la problemática de seguridad ciudadana y una "brecha proyectada de personal en el grado de Alférez", amparándose en informes internos reservados (como el Informe N° 279-2026-CG PNP/DIREDDOC) cuyo contenido técnico no se transparenta en la norma. Peor aún, el texto revela una prolijidad milimétrica para asegurar el pago de planillas y la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) con cargo al presupuesto de 2027, pero guarda absoluto silencio sobre el destino operativo específico que tendrán estos 341 nuevos alféreces. La resolución no precisa si irán a comisarías, unidades de investigación criminal, patrullaje o zonas declaradas en emergencia.
¿Jóvenes listos para comandar o improvisación en las calles?
Un cadete que ingresó en 2023 y egresa en noviembre de 2026 bordea en promedio entre los 20 y 22 años de edad (considerando la edad mínima reglamentaria de ingreso). Más allá de la juventud, el problema medular es formativo: la propia norma reconoce que quedan pendientes las unidades didácticas correspondientes a los semestres IX y X.
En la estructura curricular policial, el último año de formación concentra las prácticas preprofesionales intensivas, el comando de tropas, la gestión operativa, la investigación criminal avanzada y la consolidación doctrinaria. Al prescindir de ese tramo final en aula y campo tutelado, el Ejecutivo coloca en las calles a oficiales que, desde el primer día, tendrán mando sobre suboficiales con décadas de experiencia, capacidad de decisión sobre el uso de la fuerza y responsabilidad administrativa en intervenciones críticas. La pregunta cae por su propio peso: ¿están estos jóvenes en plena capacidad profesional para asumir el liderazgo operativo que exige la criminalidad organizada actual?
La trampa legal frente a la Ley Universitaria y el efecto dominó
Para sortear el requisito de los 200 créditos académicos y 10 semestres que exigen tanto el artículo 68 del Reglamento del D. Leg. 1318 como el estándar de la Ley N° 30220 (Ley Universitaria) para otorgar el grado de Bachiller equivalente al sistema universitario, el Gobierno recurre a una salida partida en dos: entrega hoy el despacho de Alférez (el grado policial y la operatividad en la calle) y deja en suspenso la obtención del grado universitario mediante "mecanismos aplicables para garantizar la continuidad y culminación" de los semestres IX y X (Informe N° 1578-2026-DIREDDOC).
En la práctica, se desnaturaliza la reforma educativa policial de 2016, diseñada precisamente para equiparar la carrera del oficial PNP con una formación universitaria rigurosa de cinco años —un rumbo opuesto incluso a las recientes iniciativas legislativas que plantean concentrar escuelas y fortalecer los años de estudio para elevar el estándar policial—. Convertir la excepción en rutina sienta un precedente institucional de alto riesgo: ¿qué impedirá que mañana este mismo Gobierno, bajo el mismo argumento de "interés nacional" o apoyo al orden interno, aplique idéntica tijera académica a los cadetes del Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea del Perú?
La seguridad ciudadana no se resuelve sacando promociones a medio cocer ni sacrificando la calidad profesional en el altar de la coyuntura política. Cuando un Estado repite año tras año el recorte de la formación de quienes deben hacer cumplir la ley, no proyecta autoridad ni orden: proyecta urgencia e improvisación.