El gobierno busca salvar a la empresa estatal más grande del país sin entregarla a manos privadas
Petroperú. Durante el pedido de voto de confianza, Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, ratificó ante el Pleno del Congreso que el Gobierno de Transición no privatizará Petroperú y que evaluará un financiamiento acotado para evitar el desabastecimiento de combustible, condicionado a la venta de activos no estratégicos.
Más que un anuncio de gestión, las palabras del jefe del Gabinete, Luis Enrique Arroyo en el Congreso representan un cortafuegos político. Al descartar la privatización pero abrir la puerta al capital privado, el Gobierno Transitorio de José María Balcázar intenta desactivar una bomba de tiempo financiera y social antes de entregar la banda presidencial, como una salida «salida técnica» que evite el colapso del abastecimiento nacional en plena transición. Veamos las consideraciones:
- El pragmatismo del tiempo: Blindaje contra el desabastecimiento
Con solo tres meses de gestión, el Gobierno sabe que no puede solucionar el problema estructural de Petroperú. La interpretación: El anuncio de «no privatización» es el costo político que el Ejecutivo paga para que el Congreso le permita inyectar dinero fresco (financiamiento acotado).
- El objetivo real: Asegurar que no falte combustible durante el proceso electoral y la transferencia de mando. Un país sin gasolina es un país ingobernable para cualquier mandatario saliente.
- La «Tercera Vía»: Ni estatismo total, ni venta absoluta
Arroyo ha introducido un concepto clave: la participación de capital privado.
- La interpretación: El Gobierno de Balcázar está intentando institucionalizar un modelo de gestión mixta bajo el Decreto de Urgencia 010-2025. Al hacerlo ahora, le dejan el «trabajo sucio» avanzado al próximo gobierno: la empresa sigue siendo estatal en el papel (para evitar protestas sociales), pero la gestión empieza a ser fiscalizada por estándares privados para recuperar la confianza de las calificadoras de riesgo.
- El fin de la «Caja Chica» y la responsabilidad fiscal
El jefe del Gabinete fue tajante: «El Estado no puede asumir infinitamente los costos».
- La interpretación: Este es un mensaje directo a los mercados internacionales y al MEF. El Gobierno de Balcázar busca marcar una distancia definitiva con las gestiones anteriores que usaron a Petroperú como una herramienta política. Al establecer «metas verificables de desempeño» en un plazo tan corto, están intentando dejar un precedente de disciplina fiscal que sea difícil de revertir por quien asuma la presidencia en tres meses.
- El factor de la Gobernanza: ¿Por qué ahora?
La crisis de gobernanza mencionada por Arroyo (directores que renuncian, falta de auditorías) es el mayor lastre.
- La interpretación: El Gobierno Transitorio está lanzando un mensaje de «orden en la casa». Si logran estabilizar la gobernanza en 90 días mediante la venta de activos no estratégicos y el ajuste de costos, Balcázar se retirará con el activo político de haber salvado a la empresa más grande del país del abismo, sin haberla «entregado» a manos privadas.
Legado o parche
La urgencia de Arroyo en el Congreso sugiere que la situación de caja de Petroperú es más crítica de lo que se admite públicamente. Al anunciar una reestructuración integral «sin fecha exacta» pero bajo un marco legal estricto, el Gobierno Transitorio no solo busca el voto de confianza; busca sobrevivir al invierno energético. El éxito de esta estrategia no se medirá en la rentabilidad de la empresa, sino en que el próximo presidente no reciba una empresa en quiebra técnica el primer día de su mandato.
