Con esta decisión el excandidato evita que su presencia en el Senado sea interpretada como una aceptación tácita del conteo oficial
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, definió públicamente su línea de acción en caso de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desestime las denuncias de presunto fraude presentadas por su partido. De oficializarse los resultados de las elecciones del 12 de abril, que facultan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para disputar la segunda vuelta presidencial, el candidato anunció que no asumirá su escaño en el Senado.
El anuncio de López Aliaga no implica un reconocimiento de los resultados, sino, a la luz de lo señalado, una impugnación a la legitimidad del sistema. Al negarse a juramentar, el líder de Renovación Popular busca desmarcarse de lo que denomina un «proceso viciado», evitando que su presencia en el Senado sea interpretada como una aceptación tácita del conteo oficial.
Un escaño para el accesitario
Durante una entrevista en el programa “Sin Rodeos” cerca de la medianoche del domingo, López Aliaga fue enfático al señalar que su presencia en el Parlamento bajo las actuales condiciones sería ilegítima. “Sería convalidar lo que es un delito. Yo tengo un accesitario que entrará a cubrir mi lugar, pero así [sin auditoría] ni muerto juramento”, sentenció.
Asimismo, aclaró que esta postura es estrictamente personal y no condiciona las decisiones de los demás candidatos electos de su agrupación, Renovación Popular, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Según el político, alguien debe marcar un precedente para evitar que en futuros procesos electorales se repita el «modus operandi» criminal.
Denuncias de «actas fantasma» y firmas falsas
El sustento de su decisión radica en una serie de irregularidades detectadas por su equipo técnico y peritos judiciales. Entre las pruebas más polémicas, López Aliaga mostró actas del sistema STAE que registran su instalación a la 1:28 a.m. y 12:12 a.m. del día de los comicios.
“¿Cómo se va a instalar una mesa a la una de la madrugada? Eso sucede cuando el crimen está mal hecho; todo crimen deja huella”, afirmó, tras asegurar que existen al menos 150 actas en Lima con este tipo de inconsistencias horarias.
Además, denunció que tras un cotejo con la base de datos de la RENIEC, se habrían identificado miles de firmas falsificadas de miembros de mesa. Según el líder de Renovación Popular, este patrón de «votos atípicos» —donde un candidato presidencial obtiene un voto frente a decenas en la lista parlamentaria de la misma mesa— demostraría una manipulación digital de los resultados.
Exigencia de auditoría internacional
López Aliaga dirigió sus críticas hacia Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, y los magistrados del JNE, a quienes acusó de propiciar un «golpe de estado» contra la democracia si no se extiende el plazo para una revisión exhaustiva.
Insistió en la convocatoria de inmediato a empresas auditoras internacionales de carácter forense para verificar el software y las actas físicas en un plazo de cinco días. “Yo quiero la verdad. Si tras la auditoría sale que otro candidato me rebasó, yo lo acepto, pero el país merece transparencia”, concluyó, dejando en vilo su futura participación en el Legislativo.
Las implicancias del anuncio
El anuncio de López Aliaga, a la luz de lo señalado, no implica un reconocimiento de los resultados, sino una impugnación a la legitimidad del sistema. Al negarse a juramentar, el líder de Renovación Popular busca desmarcarse de lo que denomina un «proceso viciado», evitando que su presencia en el Senado sea interpretada como una aceptación tácita del conteo oficial.
A diferencia de crisis electorales previas, las protestas en las calles han dado paso a una ofensiva legal sin precedentes. La estrategia ha virado: ya no se busca solo el reclamo público, sino la nulidad o corrección del proceso a través de instituciones de control y justicia.
La batalla en el Ministerio Público y el Poder Judicial
Los recursos presentados por Renovación Popular ante el Ministerio Público se mantienen firmes y en plena etapa de diligencias. El partido ha logrado que la Fiscalía abra investigaciones por presuntos delitos informáticos y falsedad genérica, enfocándose en la «serie 900,000» de las actas. Estas denuncias penales siguen su curso independientemente de si el JNE proclama o no a los ganadores, lo que podría generar un escenario de inestabilidad jurídica si las investigaciones confirman irregularidades después de la toma de mando.
El recurso de la Municipalidad de Lima ante el TC
Por su parte, la Municipalidad de Lima ha elevado la apuesta al anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). El argumento central de la comuna es la vulneración del derecho fundamental al sufragio de cerca de un millón de limeños que se vieron impedidos de votar por el retraso en la apertura de mesas y la falta de material electoral.
Este recurso busca que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre la nulidad parcial o total de la jornada en Lima Metropolitana. De prosperar, este proceso tendría el poder de paralizar o revertir el cronograma electoral, convirtiéndose en el último y más crítico «candado» legal que enfrenta el actual proceso hacia la segunda vuelta.
El cierre
Con este panorama, el país podría ingresar a una fase de «incertidumbre jurídica». Mientras el JNE se encamina a la proclamación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el vacío que dejaría López Aliaga en el Senado y las resoluciones pendientes en el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional mantienen el desenlace de las Elecciones 2026 bajo una sombra de duda, por lo menos en un sector de la población que votó por su candidatura.
