Pataz; adelanta igualmente que solicitará la delegación de facultades legislativas para implementar medidas urgentes
Pataz. El Gobierno de Dina Boluarte dictó medidas excepcionales, entre ellas el toque de queda en el distrito d Pataz a fin de restablecer el orden en la jurisdicción tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de seguridad que habían sido secuestrados el pasado 26 de abril en el anexo de Pueblo Nuevo, zona donde opera la minera Poderosa
Junto al toque de queda, en las próximas horas, las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial e instalarán una Base Militar que asegure la presencia operativa permanente del Estado en la provincia.
Además, según adelantó la presidente Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para implementar medidas urgentes en la lucha contra el terrorismo urbano, a fin de reforzar el marco legal y enfrentar con mayor eficacia estos actos criminales que hoy enlutan al país.
Del mismo modo, se dispone la paralización de toda operación minera por 30 días en el referido distrito, con el fin de facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La medida incluye la suspensión las actividades que se realizan en el marco del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Minutos antes, la mandataria expresó su profundo pesar a las familias de las víctimas y reafirmó su firme compromiso de no ceder ante el crimen ni la violencia.
En la reunión liderada por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Justicia, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General David Tejada; y el director general de la Policía Nacional del Perú, General Víctor Zanabria.
De otro lado, durante la reunión se precisó que el Ejecutivo actuó desde el primer momento en que se conocieron los hechos; sin embargo, la empresa informó inicialmente que no se había producido el secuestro de trabajadores. ‘Cuando el Estado otorga una concesión minera, la responsabilidad sobre lo que ocurra en esa jurisdicción recae en la empresa, al tratarse de propiedad privada’, se explicó.
La Región La Libertad expresó dolor e indignación ante el asesinato de los 13 trabajadores que fueron encontrados en un socavón en la provincia de Pataz.
